El fin primordial del Estado es garantizar el respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos. Sin embargo, y muy a pesar, los Estados no cumplen con este fin, sino que por el contrario, quienes tienen esta obligación actúan para su beneficio personal en detrimento de los intereses de la población. Es pertinente entonces, que el Estado aplique “Buenas Prácticas” institucionales de manera que se ajuste su accionar y cumpla con su objetivo esencial.
En efecto, el Estado tiene el deber de satisfacer las necesidades más elementales de sus ciudadanos, como tener una alimentación adecuada, una vivienda digna, educación de calidad, un trabajo con salario digno, entre otras.
Una buena práctica es cumplir con la realización de estos derechos, pero también de dotar a la ciudadanía de herramientas para que puedan hacer valer sus derechos e incidir en el cumplimiento de las obligaciones.
La incidencia es la capacidad de la sociedad civil para lograr cambios positivos de manera democrática y pacífica en problemáticas sociales o ciudadanas, por efecto de acciones dirigidas a influir en los procesos de toma de decisión pública. Por tanto, la incidencia política es el conjunto de acciones que se ponen en marcha por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada para influir en la formulación e implementación de políticas y programas públicos y privados que afectan de uno u otro modo al disfrute y garantía de los derechos humanos. En efecto, la incidencia de la sociedad civil, las organizaciones y movimientos sociales en la exigencia de estos y otros derechos han sido muy efectivas, y así lo han demostrado con movilizaciones, campañas en medios de comunicación, monitoreo de las obligaciones del Estado, etc. Por ende, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas en forma inmediata para avanzar hacia una progresiva satisfacción de los derechos.
Otra buena práctica sería revisar la legislación nacional para armonizarla con las obligaciones jurídicas que hayan contraído en temas de derechos humanos. Para ello, el mismo Estado tiene la obligación de producir información que permita diagnosticar la situación relativa a cada derecho, en particular visibilizando la situación de los sectores que pueden resultar discriminados o de especial vulnerabilidad. Debe a su vez garantizar el más amplio acceso a dicha información, en formato de datos abiertos, para que cualquier persona, ente u organización que posea un conocimiento académico los pueda utilizar para diseñar políticas y estrategias para contribuir al fortalecimiento de los sistemas de protección nacional e internacional de derechos humanos.
Redacción C.C.
13-11-2023
