Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, presentó este miércoles 10 de junio los resultados de la primera fase de la denominada «revolución judicial», iniciada en 2021, y aseguró que se logró reducir en más del 40% la población reclusa en los centros de detención preventiva.
«Para ese momento más de 83 mil presos en todo el país. En ese momento se hizo una distribución de los magistrados y magistradas, se organizó el país en siete regiones y por cada región fue un equipo de trabajo a hacer la tarea y fue una tarea ardua», expresó.
De acuerdo con Cabello, actualmente hay 58.714 personas en centros penitenciarios y de detención preventiva. De ese total, 12.425 llevan más de dos años detenidas sin sentencia: 4.203 en cárceles y 8.222 en calabozos preventivos. De estos, a su vez, 183 llevan más de 10 años sin condena.
El funcionario afirmó, además, que casi el 70% de los casos en este momento están siendo asumidos por la defensa pública. Cabello gregó que el 81% de los privados de libertad son delincuentes primarios, y muchas de las detenciones son producto de la «admisión de hechos» como vía rápida ante el retardo judicial, no por una real peligrosidad.
Por otro lado, el ministro Cabello detalló que 28.314 funcionarios han sido retirados de los organismos policiales y puestos a la orden de la justicia debido a prácticas irregulares. Asimismo, señaló que Venezuela actualmente tiene 1,2 asesinatos por cada 10.000 habitantes
«Búscate otro país que lo tenga así. Eso tiene que ver con la incorporación de los jueces de paz, con los circuitos comunales, con la instalación de cámaras en las principales ciudades», afirmó.
Cabello insistió en que que esta nueva fase, que iniciará este viernes 11 de junio, busca continuar corrigiendo distorsiones, optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar mayor eficiencia en la administración de justicia en todo el país.
Este mes de junio inició la denominada «Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal», con la que se pretende recoger propuestas para «erradicar las malas prácticas dentro de los organismos estatales».
No obstante, expertos advierten que más allá de recomendaciones técnicas, es necesaria una reconstrucción total para dar garantías de respeto a derechos fundamentales, al debido proceso e independencia de jueces y fiscales.
10-06-2026
