La crisis económica que ha llevado al país a una crisis de desabastecimiento, escasez y aumento indiscriminado del precio de los productos de la cesta básica, no se va a subsanar violándoles los derechos a las personas y a las familias, así lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida (Cacoime), Marcos Delgado.
Delgado, expresó que los últimos acontecimientos económicos indican que la situación del país no va a mejorar y que los más afectados son los consumidores, y una prueba de ello, son las largas colas, en las puertas de los establecimientos comerciales, para poder adquirir productos de primera necesidad.
“Mérida es uno de los estados más afectados por el desabastecimiento, ya que el gobierno prioriza el envío de alimentos a otras regiones del país; en otro sentido la distribución de alimentos se ve afectada por la inseguridad que reina en las carreteras nacionales, no hay garantías de seguridad alimentaria, no existen políticas económicas ni diálogos entre el gobierno, la empresa y los comerciantes, que busquen una salida a la situación actual del país”.
La Cacoime, no está de acuerdo, ni avala la solicitud de documentos (Rif, constancia de residencia, CNE), en los establecimientos comerciales para la venta de ningún producto, “los venezolanos están en todo su derecho de comprar lo que desean en cualquier parte del país, exigirle requisitos para la compra es una violación a los derechos humanos, es un delito contra las familias y el derecho a la alimentación consagrados en la Constitución Nacional”, enfatizó Delgado.
Mérida y su producción agrícola
El estado Mérida, es uno de los estados con mayor producción agrícola, sus productos abastecen gran parte del país, mientras que otros son cosechados como productos de importación.
Delgado, señaló que en los últimos meses la agricultura en el estado solo está produciendo el 30 % de su potencial, “la falta de insumos como fertilizantes y abonos, la falta de financiación para producción, la desaparición de Agroisleña que fue una empresa expropiada por el gobierno, han generado una crisis en el campo y en los agricultores que ha afectado la economía agrícola del estado y de las familias productoras, ya que los productos de las siembras son casi de consumo interno”.
Luz Mar Romero


