La ayuda humanitaria que se pretendía ingresar el 23 de febrero de 2019 al país desde Colombia fue distribuida en albergues, comedores y hospitales donde se atendían a migrantes venezolanos, afirmó a El Nacional Humberto Calderón Berti, ex embajador de Venezuela ante Colombia.
El ex diplomático venezolano aclaró que no participó en la organización del ingreso de esta asistencia, sino hasta su distribución. “No supe a cabalidad que fue lo que se había planteado a los gobiernos amigos de Colombia, Chile y Paraguay cuyos presidentes asistieron al evento, ni al secretario general de la OEA, Luis Almagro”, dijo.
Luego de que el régimen de Nicolás Maduro prohibió su entrada hace un año, con la colocación de contenedores –que aún permanecen en los pasos fronterizos– y la actuación de los cuerpos de seguridad y grupos colectivos armados, los alimentos fueron almacenados por un tiempo.
“Una pequeñísima cantidad quizá se daño”
Calderón Bertí desmintió que todos los alimentos y medicamentos, con que se pretendía aliviar la situación de ciudadanos en pobreza extrema y enfermedades crónicas, se descompusieron en los galpones. “Una pequeñísima cantidad quizá se daño por el calor en los galpones, pero fue muy poco, una cantidad insignificante”, subrayó.
Afirmó que la ayuda perecedera fue manejada adecuadamente con la colaboración de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales colombiano. “La embajada manejó la parte final del operativo, luego de que el gobierno de Colombia y la Usaid insistieron en que había que darle punto y final al tema”, manifestó.
Así fue cómo estos insumos fueron distribuidos en varias ciudades de Colombia, donde se atiende a migrantes venezolanos. “La comida tuvo distintos destinos; se logró que pudiera utlizarse en los albergues y en los comedores de Cúcuta. También, en los sitios de paso en la ruta entre Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá”, señaló.
“Las medicinas también empezaron a utilizarse en los hospitales de Cúcuta y en los sitios que se atiende a los migrantes venezolanos. Era una cantidad importante, pero no gigantesca tampoco. Una vez que concluyó la parte del reparto, no se recibieron más medicinas ni más alimentos”, agregó.
En cuanto al concierto, denominado Venezuela Aid Live, y con el cual se logró recolectar cerca 2,5 millones de dólares, resaltó que los recursos los manejó la organización del evento. El principal organizador fue el multimillonario británico Richard Branson.
“Nunca se entregó ese dinero a nadie; lo manejaba gente vinculada con él, unas fundaciones vinculadas con él (Branson). No conozco el destino que se le dio, lo que sí sé es que nunca se le entregó al gobierno de Guaidó ni a sus colaboradores, ni a la embajada”, subrayó.
Los militares
1.400 militares con su familia cruzaron la frontera luego del intento fallido del ingreso de la ayuda humanitaria. De estos solo 150 fueron atendidos por personas designadas por el presidente interino, Juan Guaidó, indicó Calderón Berti. El resto recibió apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y del gobierno de Colombia.
El grupo minoritario fue el que se vio afectado con el famoso “Cucutazo”, denunciado por el medio Panam Post en junio de 2018. En esa oportunidad se habló de la malversación de fondos de ayuda destinada a la atención de los militares.
Los involucrados fueron Kevin Rojas y Rossana Barrera Castillo, ambos militantes de Voluntad Popular. Barrera, además, es cuñada del diputado Sergio Vergara, designado en agosto coordinador del Comité de Estrategia del gobierno interino.
Sobre estas personas, Calderón Berti realizó una investigación que determinó que efectivamente “había manejo no transparente” con parte de los recursos recibidos. Este hecho se denunció ante la Fiscalía de Colombia; sin embargo, hasta el momento la institución no ha presentado un informe.
“No sé en qué estatus se encuentra porque yo soy muy respetuoso con eso. Yo hice la denuncia formal ante la Fiscalía y ellos quedaron en hacer la investigación”, mencionó Calderón Berti.
“Ya en Cúcuta formalmente no debería haber militares venezolanos”
Luego de un acuerdo con el gobierno de Colombia, y para evitar problemas con el crimen de venezolanos, se estableció un programa para distribuir a los militares en siete ciudades de Colombia, luego de varios meses de recibir hospedaje y comida para ellos y sus familiares en Cúcuta. “Ellos nunca han estado abandonados”, insistió.
Entre las ciudades a las que fueron traslados se encuentra Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bogotá. “Se le dio ayuda de transporte, de vivienda y alimentación durante unos meses, mientras ellos se insertaban en el mercado laboral colombiano. Ya en Cúcuta formalmente no debería haber militares venezolanos”, enfatizó.
