La junta directiva de la Cámara de Comercio e Industria del estado Mérida emitió un comunicado de respaldo a todo el sector empresariado merideño donde destaca que todas las actividades solo se puden y deben desarrollar en un ambiente de absoluta libertad. de la misma manera en este pronunciamiento Cacoime rechaza contundentemente el proceso de intervención temporal por parte del Gobierno, a empresas privadas del estado Mérida tales como las distribuidoras de gas domestico, entre otras.
COMUNICADO
La Cámara de Comercio e Industria del estado Mérida (Cacoime), ratifica su apoyo al empresariado merideño, esté o no afiliado a nuestra institución, y confirma las actividades de nuestras empresas solo se pueden desarrollar en un ambiente de absoluta libertad, donde se reconozcan y tengan plena vigencia los derechos humanos, particularmente el derecho a la propiedad privada, al trabajo y a la iniciativa privada, donde se prohíba decretar y ejecutar confiscaciones, ocupaciones o intervenciones de bienes, salvo las expropiaciones por causa de utilidad pública o interés social, previa sentencia judicial definitivamente firme y precedente pago de una justa indemnización. Esto no es un invento nuestro, sino principios expresamente contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual, en su artículo 55 textualmente expresa: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos… Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”.
La Cámara de Comercio e Industria del estado Mérida, en consecuencia, rechaza contundentemente el proceso de intervención temporal por parte del Gobierno, a empresas privadas del estado Mérida, específicamente las distribuidoras de gas, lo que se traduce en una violación más del derecho a la propiedad privada, al trabajo, a la libre iniciativa, que tenemos todos los venezolanos en el ejercicio del libre comercio y la producción, con absoluto desprecio por las garantías establecidas en la Constitución Nacional y ejecutada por órganos del Estado, en franca violación de su obligación de ser, por el contrario, garantes de esos derechos.
El gremio empresarial merideño considera que ningún argumento es válido para violar los derechos consagrados en la Constitución, y por el contrario, en caso de ser requerido tomar algún bien privado, se debe cumplir la misma normativa en ella establecida y no pretender ejecutar ordenamientos legales de manifiesta inconstitucionalidad.
Esperamos que el Gobierno y sus allegados, vinculados a esta acción, no utilicen el manido recurso de descalificarnos, tildándonos con improperios innecesarios, porque estamos defendiendo una rama industrial legal, la cual contribuye al desarrollo del aparato productivo y económico del país, fuente directa de empleo para un importante número de trabajadores merideños y sus familias.
Si se analiza cuáles son las empresas o centros de producción hasta hoy confiscados bajo diferentes figuras, la respuesta es simple, se ha dado en forma de persecución, no para mejorar el entorno y la capacidad de producción necesaria en Venezuela, o para satisfacer las necesidades de consumo, pues la realidad es que no existe centro de producción tomado por el Gobierno donde se mantenga y menos haya mejorado la producción, para muestra basta mencionar las empresas del hierro y el aluminio, las cementeras, las fincas del Sur del Lago, y el propio Gas Comunal, donde los usuarios deben acudir para comprar las bombonas pues no las reciben en sus casas, como sí las distribuye la empresa privada. Por otra parte, no hay centro de producción confiscado donde se le pueda acusar al empresario de estar estafando a la población o al fisco nacional, como excusa o justificación. Simplemente es una persecución contra los emprendedores exitosos.
Tristeza e impotencia es el sentimiento de los empresarios al ver que la empresa por la que han luchado durante tantos años, hoy puede ser confiscada por el Estado, sin ninguna razón y en abierta violación de la Carta Magna, que todos los días dicen defender. Recuerden: “Dentro de la Constitución todo, contra o fuera de la Constitución nada”.
Mérida, 12 de agosto de 2015.
La Junta Directiva
