Durante el foro “Implicaciones políticas de la Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio”, realizado éste viernes en la sede de la Asociación de Profesores de la ULA (Apula) en Mérida, el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, aseguró que la propuesta del Gobierno Nacional ya rechazada por la mayoría de los venezolanos en el referéndum del 2007 “es inconstitucional y acaba con el proceso de descentralización logrado por la democracia hace más de 25 años”.
Ramos indicó que dicho proyecto de ley se discute y aprueba en su mayoría de artículos en el hemiciclo del Poder Legislativo en la actualidad. Ya ha sido discutido por expertos profesores de las facultades de Arquitectura y Ciencias Forestales de la ULA, así como por funcionarios de la alcaldía, concejales del municipio Libertador y miembros de la sociedad civil, quienes “han manifestado suma preocupación por la arremetida que viene desarrollando el Gobierno Nacional para acabar y pulverizar el proceso de descentralización que en Venezuela se viene poniendo en práctica desde el año 1989 con la elección de gobernadores y alcaldes”.
En este sentido, el legislador nacional expuso que la descentralización en el país muere con dicha ley al instalarse una “figura”, en el Palacio de Miraflores, desde donde se aplicaría todo el proceso de ordenación del territorio nacional, el cual, “tal como ellos (gobierno) lo están planteando, es inconstitucional porque fue derrotado en la reforma constitucional ya que violaba el artículo 115 sobre el derecho a la propiedad privada”, reiteró.
Nueva ley aniquilaría a las alcaldías
Con la nueva ley de geometría del poder, según Ramos, se acaba con la actual ley de ordenación política territorial al imponerse los distritos motores de desarrollo y de las comunas. “Si esta ley entra en vigencia, el municipio tendría que adecuarse a las leyes de la comuna, pero resulta que las comunas son inconstitucionales y vulnerarían los principios de pluralidad del Estado Federal descentralizado, de la organización por municipios y de la figura del alcalde, la cual prácticamente desaparece, sus atribuciones quedarían en manos del concejo municipal”.
También dijo que la ley burocratizaría todos los procedimientos y solicitudes para uso conforme a la población, “porque tendrían que solicitárselo al poder comunal, en este caso, a las comunas, a la gobernación o hasta a la presidencia de la república, todo bajo un pensamiento único ideológico como lo es el socialismo, violando a su vez, el derecho al sufragio”.
“Esta ley le da atribuciones extraordinarias al Presidente de la República para modificar a su libre albedrío el ordenamiento territorial y esto también es inconstitucional ya que la geometría del poder territorial sólo puede ser modificada por vía de una asamblea nacional constituyente”.
49 artículos aprobados
Al cierre, Ramos comentó que actualmente la Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio lleva 49 artículos aprobados en segunda discusión, pero “no podemos aceptar que la misma se ponga en práctica porque es contraria a la Constitución y viola el derecho a la descentralización de las provincias venezolanas, proceso que ha demostrado a nivel mundial y que contribuye a mejorar la calidad de vida del pueblo ya que los servicios públicos se prestan de forma eficaz y eficiente, logrando el bienestar general de la población y el desarrollo integral de las regiones y estados”, concluyó. (Omer Molin – CNP: 18.195)
