Quito, 16 de julio de 2018
Excelentísimo Señor
Lenín Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Palacio de Carondelet.-
Señor Presidente:
Me tomo el atrevimiento de dirigirle esta misiva, en el formato de Carta Abierta, con tres partes:
1. Breve resumen de la situación de Venezuela con cifras pertinentes
2. Instrumentos legales internacionales vigentes que justifican acciones desde Ecuador
3. Solicitud para ejecutar cuatro acciones desde su despacho de gobierno.
Así pues, esta carta tiene como objeto llamar su atención sobre la crisis por la cual atraviesa la República de Venezuela en estos aciagos momentos, al tiempo de solicitarle su activa vinculación para evitar que se siga perpetuando esta tragedia. En mi doble condición de venezolano residenciado en Ecuador y académico en el exilio, no puedo permanecer impasible ante los innumerables sufrimientos y desolaciones de mis compatriotas. Desolaciones estas que no son causadas por fenómenos naturales. Su origen radica en el despotismo y la arbitrariedad de un régimen dictatorial que se ha dado a la tarea de oprimir sistemáticamente a la población indefensa y desarmada mediante el hambre, la criminalización de la disidencia y la violación masiva de los derechos humanos. Se trata de una crisis social, económica, política e institucional de proporciones inimaginables, de la cual quisiera hacer un breve recuento.
I
En primer lugar, la crisis social y económica expone la gravísima situación humanitaria de Venezuela. Hoy día, la cifra anualizada de la inflación arroja la espantosa cifra de 46.305% desde junio de 2017 hasta junio de 2018. Esto supone una inflación diaria de 2,8%, la misma inflación anual de Colombia o Chile . La deuda pública de Venezuela asciende al increíble monto de 184.500 millones de US$ , mientras que el salario real mensual promedio de un trabajador es de 1,48 US$. Sí, está leyendo bien Señor Presidente, un dólar con cuarenta y ocho centavos mensuales es lo que percibe al mes un venezolano.
Con el aterrador panorama económico anteriormente descrito, es de suponer que las consecuencias sociales sean devastadoras. Empecemos por el hambre. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la seguridad alimentaria posee cuatro factores: que el alimento esté disponible en cantidades suficientes, que la población pueda tener acceso económico y físico al mismo, que pueda ingerir dicho alimento, y por último, que estas tres condiciones sean estables . Ninguna de estas condiciones se cumple en Venezuela. A diario se ven en todos los supermercados del país interminables filas de ciudadanos esperando su turno para comprar azúcar, arroz, leche o harina de maíz. Estos productos se venden a precios inaccesibles para la mayoría. Quienes tienen la fortuna o la suerte de poder adquirir alguno de ellos, muchas veces ni siquiera los consumen: los utilizan como trueque para medicinas o para satisfacer otras necesidades. Tal situación lleva repitiéndose durante siete angustiosos años.
El hambre ha hecho mella en los venezolanos, Señor Presidente. Los testimonios son desgarradores en verdad. Hay gente hurgando en la basura por doquier, anhelando encontrar un mísero trozo de comida aunque sea podrida. Los niños se desmayan en las aulas de clase porque no han desayunado, pero los adultos también se desvanecen en sus trabajos porque su única comida fue el día anterior. En promedio, el 64% de los venezolanos han perdido once kilos de peso y el 20% de los niños están desnutridos o malnutridos .
Aunado al hambre está la falla generalizada de los servicios públicos. El sector salud está en completo abandono. No hay medicinas en los centros de salud, ni insumos médicos, ni siquiera médicos o enfermeras. Los hospitales son simples morideros públicos. Al momento que Usted recibe esta carta, en Venezuela hay una huelga de enfermeras, médicos, bioanalistas y farmacéuticos en los 25 hospitales públicos más grandes del país, exigiendo no solo una mejora de sus salarios sino mejor dotación para los centros hospitalarios . Igual fenómeno sucede en la educación, con miles de escuelas sin dotación, sin maestros, sin alumnos… Cortes de luz diarios por fallos en el sistema eléctrico. Falta de agua potable por los constantes racionamientos de días inclusive.
Mención aparte merece el tema de la inseguridad. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (2018), el año pasado en Venezuela murieron asesinados 26.616 personas. Esto equivale a 73 muertos diarios, aproximadamente. O, lo que es lo mismo, un homicidio cada veinte minutos a lo largo del año. Somos el segundo país más violento del mundo, superado apenas por El Salvador. Basta decir que la provincia menos violenta de Venezuela, el Estado Mérida, presenta tasas de homicidios anuales que superan a las de Colombia . Continuar vivo en Venezuela se ha convertido en un ejercicio de azar, donde el día menos pensado serás víctima de la delincuencia, en la mayoría de los casos con un desenlace fatal.
Las razones anteriormente expuestas son las que han motivado el éxodo de más de dos millones de venezolanos al exterior. Quienes hemos salido de nuestro país, no lo hicimos por voluntad propia, sino huyendo del horror que se cierne sobre todos nosotros. Gracias a la generosa acogida de naciones hermanas, incluida la suya, Señor Presidente, hemos podido rehacer nuestras existencias. Pero ¿qué hay de aquellos que se quedaron? ¿Qué decir de quienes todavía padecen hambre y miseria? ¿Quién o qué es el causante de este horror…?
II
Desde luego, la crisis socio-económica es una consecuencia directa de la crisis político-institucional. El régimen despótico que gobierna a Venezuela solamente busca perpetuarse en el poder a como dé lugar. Para ello, ha usado y abusado de la fuerza sin apenas enrojecerse. Simples hechos bastan para confirmarlo. Primero, a pesar de que la Asamblea Nacional obtuvo una mayoría de 2/3 partes por el voto incontestable del pueblo venezolano, este gobierno (a través de sus títeres, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia) eliminó la representación de tres diputados y luego simplemente ilegalizó a la Asamblea Nacional, creándole una especie de consejo de tutela bajo la deleznable sombra del Tribunal Supremo. Segundo, la convocatoria de una espuria Asamblea Nacional Constituyente, que supuestamente pretendía reformar la constitución pero que se convirtió de facto en el poder legislativo nacional. Tercero, un Consejo Nacional Electoral claramente parcializado a favor del gobierno, cuyos fraudes han sido denunciados incluso a nivel internacional . Esto incluye la elección fraudulenta de Nicolás Maduro como supuesto presidente de Venezuela. Cuarto, un Tribunal Supremo de Justicia y un sistema judicial totalmente írrito por cuanto fue vencido su periodo constitucional y no se renovó legalmente. Y quinto, unas fuerzas armadas que actúan como el brazo pretoriano del régimen.
A todo ello hay que agregarle la práctica generalizada de terrorismo de Estado para amedrentar a la población en general y a la oposición política en particular. Desde el año 2014 hasta el 18 de junio de 2018, se han detenido 12.414 venezolanos por motivos políticos, según denuncia el Foro Penal Venezolano . Además, se estima que al menos 102 personas fueron asesinadas como consecuencia directa de las manifestaciones civiles de ese año, con 5517 personas arrestadas arbitrariamente por ejercer su derecho pacífico a la protesta. Las torturas, tratos crueles y degradantes a los presos políticos han sido ampliamente documentados por las organizaciones Human Right Watch y Foro Penal. 760 ciudadanos civiles fueron o están siendo procesados por tribunales militares al margen de la ley. 52 medios de comunicación fueron cerrados o vetados y un significativo número de periodistas han sido agredidos, encarcelados o amenazados . Todas estas acciones se pueden tipificar como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La situación anteriormente descrita ha sido sistemáticamente denunciada y condenada tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , como por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . Inclusive la más reciente resolución del Parlamento Europeo expresa su alarma ante la desoladora situación humanitaria de Venezuela, instando a las autoridades a poner fin de inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas contra civiles, y para que se respeten plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales . A estas voces se unen las de los obispos venezolanos, quienes en su última Asamblea Plenaria del pasado 11 de julio consideran que “el principal responsable de la crisis por la que atravesamos es el gobierno nacional, por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria” .
Señor Presidente, esta carta se alarga y es menester cerrarla.
III
Más allá que la situación venezolana está afectando a todos los países vecinos tales como la migración descontrolada de venezolanos, la disminución del comercio bilateral, enfermedades no controladas en Venezuela que están propagándose por la región (sarampión, difteria, poliomielitis, etc.), quizá a estas alturas Usted se estará preguntando acerca de su papel en los asuntos internos de otro Estado. De seguro pensará que no le corresponde intervenir en la política interna de un país extranjero, ya que se trata de asuntos de su propia soberanía. Permítame el atrevimiento de corregirle ese error.
Según los parágrafos 138 y 139 de la Resolución A/RES/60/1, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de septiembre de 2005 , cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. Esa responsabilidad incluye prevenir tales crímenes por los medios apropiados. Sin embargo, la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, también tiene la responsabilidad de ayudar a proteger a la población de manera oportuna y decisiva contra la comisión de dichos crímenes, a través del apropiado uso de los medios diplomáticos, humanitarios y otros mecanismos previstos en los Capítulo VI y VIII de la Carta de las Naciones Unidas, cuando las autoridades nacionales son incapaces de proteger a sus nacionales, o cuando esa misma autoridad es la autora de tales crímenes. En este caso, el Consejo de Seguridad en conjunto con la organización regional relevante, determinará los casos en que proceda esa ayuda. Este es el concepto del principio de la Responsabilidad Internacional de Proteger (R2P).
Así pues, la soberanía en sí misma no significa que los Estados puedan comportarse de cualquier forma, sin que esto acarree consecuencia alguna. Soberanía implica la responsabilidad de los gobiernos de proteger a su pueblo y defender los derechos humanos. Y si los propios gobiernos son los autores de la violación sistemática de los derechos humanos, le corresponde a la comunidad internacional la misión de proteger y asistir a la población indefensa. No se trata de propiciar una intervención ni una injerencia humanitaria. Estoy simplemente pidiendo que Ecuador, como miembro de la comunidad internacional representada en la Organización de Naciones Unidas, cumpla su obligación de protección humanitaria. Se trata de asumir la responsabilidad de proteger a los venezolanos de la violación masiva de derechos humanos, en la cual el régimen dictatorial de Nicolás Maduro nos mantiene oprimidos.
En tal sentido, Señor Presidente, le solicito de manera comedida y respetuosa pero firme:
Primero, el reconocimiento público de la grave crisis institucional, política y humanitaria que vive Venezuela, en atención al artículo 416, numeral 7, de la Constitución de la República del Ecuador, según la cual un principio de las relaciones internacionales de Ecuador es exigir el respeto de los derechos humanos y propiciar su pleno ejercicio mediante el cumplimento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.
Segundo, que la República del Ecuador se haga parte de los esfuerzos del Grupo de Lima para buscar una salida a la crisis venezolana.
Tercero, el cumplimiento por parte de la República del Ecuador de la obligación humanitaria a que se comprometió como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, en la oportunidad de aprobar la Resolución A/RES/60/1, y en particular los parágrafos 138 y 139, adoptada por la Asamblea General el 16 de septiembre de 2005.
Cuarto, que se dirija al Presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, en su condición de Jefe de Estado, a fin de diligenciar las medidas conducentes para que la comunidad internacional active los mecanismos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, a fin de proteger a la población venezolana de la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Señor Presidente, asumir un papel activo en la defensa de los derechos humanos en la región significa estar del lado correcto de la Historia. Es hora de dar un paso decisivo al frente y que las futuras generaciones recuerden su gesto imperecedero como adalid de la democracia. En este momento los ojos de la Historia están posados en Usted, sea digno de ella para la Posteridad.
Quiero cerrar esta misiva agradeciéndole en mi nombre y en nombre de los miles de venezolanos que vivimos en Ecuador, por abrirnos las puertas de su hermoso país en estas horas aciagas para la patria de Bolívar y Sucre.
Estoy a sus completas órdenes si desea dialogar sobre este tema en forma personal.
Señor Presidente, sírvase aceptar mi más profundo respeto.
Prof. Lenín Eduardo Guerra García (PhD)
Universidad Técnica de Cotopaxi
Con copia:
– María Alejandra Vicuña, Vicepresidente de la República del Ecuador
– Elizabeth Cabezas, Presidente de la Asamblea Nacional
– José Samuel Valencia Amores, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
– Carlos Mantilla Batlle, Director General El Comercio
– Mons. Fausto Gabriel Trávez, Arzobispo de Quito y Primado del Ecuador
– Luis Leonardo Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos
