Señores miembros de las comisiones designadas para las negociaciones políticas y económicas de Venezuela y otros dirigentes interesados en el futuro del país.

Como exrectores de la Universidad de Los Andes y como promotores del Grupo de Análisis y Opinión “La Tertulia de los Martes”, manifestamos públicamente nuestra gran preocupación por la situación de vulnerabilidad que padece la diáspora venezolana en el exilio (estimada globalmente entre 8 y 9 millones de compatriotas, según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados,), que, a pesar de ser ampliamente conocida, se siente además muy insegura en la mayoría de los países en donde ella se encuentra.

En esos países, receptores de venezolanos de la diáspora, por razones políticas o económicas, se han venido endureciendo los requisitos de permanencia legal, agravando con ello la situación de fragilidad de nuestros conterráneos. Además, como es público y notorio, en algunos de esos países aparecen movimientos políticos organizados que vocean conductas xenófobas, aunque quizás sería más apropiado calificarlas de venezolano fobia, cuyo propósito implícito es obtener beneficios político-electorales, así como ha ocurrido en Estados Unidos, Ecuador, Chile, Perú y otros países donde recientemente hubo o habrá elecciones.

Lo lamentable de la situación es que nuestros connacionales en el exilio no han contado con la ayuda institucional que debe ofrecerles el gobierno venezolano, ni siquiera para facilitarles la renovación de sus documentos de identidad. La oposición institucional venezolana, dentro y fuera del país, aunque en algunas oportunidades ha hecho pronunciamientos públicos sobre la situación de los exiliados, y sus terribles dificultades en los distintos países donde se encuentran, no lo ha hecho de manera organizada con dirección política e institucional, para la consecución de condiciones humanitarias y legales dignas para nuestros compatriotas que allí se encuentran, producto de la crisis política y económica que aún persiste.

Por la participación directa y tutelar en el proceso político actual en Venezuela, merece mención especial la situación en los Estados Unidos, donde el gobierno actual estima que viven alrededor de un millón de venezolanos calificados como ilegales. En efecto, la Secretaría de Seguridad Nacional emitió órdenes administrativas para dar por terminadas las designaciones del Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) argumentando falsamente:

  1. que las extensiones anteriores eran contrarias al interés nacional (¿?); ii) que las condiciones en Venezuela habían cambiado (¡!) y iii) que la situación política y económica del país se había “normalizado” (¿?).

Esas órdenes han traído como consecuencia que los venezolanos en Estados Unidos han quedado literalmente en total indefensión, pues perdieron el TPS y el parole o permiso de residencia temporal; y sus solicitudes de asilo han sido retrasadas o negadas a fin de facilitar su deportación arbitraria e ilegal a Venezuela o a otros países, enviados a centros de reclusión temporal hasta tanto sean sometidos a tribunales, viéndose obligados a contratar servicios de abogados a un alto costo, para solicitar una fianza.

Por otra parte los venezolanos que nos encontramos en Venezuela, quienes vivimos el día a día, con todos los problemas: pésimos servicios públicos, bajos salarios, alto costo de la vida, altos niveles de desempleo y un acelerado proceso de inflación y devaluación de la moneda, tenemos que sumar a estos padecimientos, la angustia de que nuestros familiares que se encuentran fuera del país, y que nos ayudan enviando remesas para aliviar un poco nuestra precaria situación, no pueden trabajar legalmente por su estatus migratorio y corren el riesgo de ser deportados al país, o a otros paises, según lo establecido en convenios de deportación, cuyos contenidos son desconocidos por la opinión pública.

Sin embargo, después del 3 de enero, en Venezuela no se ha “normalizado” absolutamente nada en lo social, ni en lo político, ni en lo económico, ni tampoco en el tratamiento desigual entre la Capital y la Provincia. Hechos fáciles de constatar y que deben ser suficientes para corroborar esta afirmación:

  1. Las cifras de la represión. Según la ONG Foro Penal, al 10 de agosto de 2026 las cifras de la represión eran: 391 presos políticos, de los cuales 365 eran hombres y 26 mujeres, y 40 presos políticos con nacionalidad extranjera y, según esta misma ONG y Provea, las cifras se mantienen por la continuidad de arrestos y la falta de libertad plena.
  2. El ingreso de los trabajadores. Si bien es cierto, el ingreso de los trabajadores ha mejorado por la vía de los bonos, no es menos cierto que esos bonos no los reciben todos los trabajadores, causando una profunda discriminación entre el personal activo, el jubilado y el Los jubilados y pensionados del Ministerio de Educación y otros no reciben el bono de alimentación y otros bonos, y cuando los reciben, son incompletos. Peor aún es la situación de todos los trabajadores venezolanos que tienen años con un salario mínimo miserable de 130 bolívares mensuales.
  3. Como una evidencia inequívoca de la falta de normalidad económica, el Banco Central de Venezuela (BCV), como organismo responsable de fijar la política monetaria, ha mantenido una política de devaluación, que no ataca el origen del problema y agrava la situación de la ciudadanía y de las empresas, que realizan sus operaciones de intercambio preferiblemente en dólares o euros y si es en bolívares lo hacen a la tasa más alta del mercado Así mismo, los aranceles por tramitación ante oficinas públicas, las multas fiscales establecidas por organismos oficiales (nacionales, regionales y locales) y tarifas de los servicios públicos (agua, aseo, electricidad, relleno sanitario, entre otros) se calculan en divisas.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos formalmente a los miembros de las comisiones designadas para las negociaciones políticas y económicas de Venezuela, que comenzaron sus reuniones de manera oficial en el mes de agosto del año en curso, incluir en sus puntos de discusión, con miras a un acuerdo, tratar con carácter de urgencia el tema de los venezolanos que se encuentran en el exterior y en especial los que se encuentran en los Estados Unidos, conducente a que, se restablezcan los mecanismos de apoyo del gobierno a los venezolanos en el exterior y hasta que se recupere la situación de normalidad en Venezuela, se les otorgue algún tipo de estatus especial que les garantice regularizar su situación legal y solicitar sus permisos de trabajo, una vez que se revisen sus antecedentes penales y su conducta personal durante el tiempo de su permanencia en ese país.

Los exiliados venezolanos merecen que las organizaciones políticas y en general las ONG´s unan esfuerzos para exigir un tratamiento de justicia y legalidad en los países a los que se vieron obligados a emigrar, mientras se restablece la normalidad en nuestro país

En Mérida a los 30 días del mes de Agosto de 2026

José Mendoza Angulo   

Néstor López Rodríguez                                                    

Genry Vargas Contreras

31-08-2026