Por: Germán Rodríguez Bustamante …
En la actualidad el mundo está cada vez más interconectado producto de la globalización, las economías son más dependientes de los flujos de capitales privados y de los recursos disponibles en los mercados financieros internacionales, pero al mismo tiempo se han vuelto más vulnerables a las volatilidades de los mercados, en consecuencia es necesario determinar el riesgo o incertidumbre para evitar crisis inesperadas y pérdidas económicas de las naciones, así como ofrecer un entorno estable para atraer a nuevos inversionistas. Las recientes sanciones impuestas por el gobierno americano sobre la Dictadura que representa Maduro, son el resultado de un cumulo de equivocaciones que han socavado la legitimidad del gobierno venezolano.
La ruptura del hilo constitucional denunciado por la Fiscal General prendió las alarmas en todo el hemisferio, así como, en la gran mayoría de las naciones democráticas del mundo. El engaño de constituyente deriva en costos políticos, pero adicional en costos financieros, los cuales tienen repercusiones importantes en las apreciaciones de riesgo de los inversionistas, la decisión tomada por el gobierno americano se enmarca en esos peligros no considerados por la Dictadura. De sanciones individuales la gestión de Trump pasó a sanciones financieras duras, que buscan minar la estructura de financiamiento del régimen de Maduro y su corte. Para una nación seria con una democracia sólida es inaceptable mantener la palanca de financiamiento, que permita a un gobierno sostener la violación de los derechos humanos, y someter a sus ciudadanos a condiciones sociales y económicas de crisis humanitaria. En estas circunstancias para el país le será mucho más difícil conseguir recursos, para mantener su nivel de gasto militar y una credibilidad financiera internacional, construidos ambos sobre la ruina total del pueblo. El riesgo soberano tendrá a subir producto de las sanciones adoptadas, con lo cual el costo de capital de la deuda soberana llegará a horizontes extremadamente onerosos. La posibilidad de insolvencias de Venezuela ahora es mayor por lo tanto las exigencias de los pocos inversionistas que están dispuestos a prestar dinero a Venezuela (chinos y rusos) serán equivalentes. Las garantías exigidas para cobertura de los préstamos afectarán al mermado patrimonio nacional. Las adjudicaciones de nuestras riquezas se realizarán de forma directa como pillaje de guerra, obviando todos los procedimientos establecidos en el marco constitucional, bajo la protección de la constituyente.
De acuerdo al Emerging Markets Bonds Index (Embi+), elaborado por JP Morgan, Venezuela en los últimos días muestra el riesgo país más alto del mundo. En otras palabras para los inversionistas internacionales Venezuela no ofrece ninguna garantía para asumir los riesgos de invertir en títulos emitidos por él o sus empresas. Por esta situación Maduro utiliza el endeudamiento comercial con China y Rusia, para evitar la tasa global y comprometer el pago con petróleo y otras materias primas. Mientras más alto es el nivel de riesgo país, más vulnerable es su economía, algunos aspectos que impactan negativamente en su calificación son: las medidas excesivas de regulación al comercio internacional, prohibiciones a las exportaciones e importaciones, retenciones a los productos exportables y el mantener precios regulados o de referencia. Adicional a las sanciones el riesgo seguirá creciendo alimentado por los escandalosos casos de corrupción, narcotráfico y blanqueado de capitales.
Para la Dictadura aparece un nuevo enemigo externo: “el cerco financiero internacional”. En este caso es el imperio quien en conjunto con los actores insaciables y voraces del capitalismo financiero internacional, pretenden con las sanciones impuestas por administración Trump, acabar con el gobierno progresista venezolano, ejemplo vivo de la independencia y la soberanía planetaria. La improvisación en materia económica y financiera, raya en lo enfermizo, pareciera que existe un guion predeterminado para destruir gradualmente a la nación.
Los sistemas democráticos requieren mecanismos de transparencia y canales de participación proporcionados por las instituciones, que resuelvan los problemas de representación; dispositivos para mejorar el funcionamiento interno de las instituciones y de esta manera aumentar su capacidad para conocer dónde se requiere su intervención y en consecuencia legitimar las decisiones políticas adoptadas. Lamentablemente Venezuela en este momento es considerada como la nación más espantosa para la actividad privada, controles de precios, limitaciones a la propiedad, inseguridad jurídica y personal, entre algunos factores convierten a la nación en un terreno poco atractivo para la inversión.
Nuestro futuro depende en gran medida de la consolidación de la democracia en el país. En especial, esta afirmación se aplica a los marcos en que se cuenta con instituciones formales de la democracia, pero éstas no han sido capaces de generar un “gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo” debido a la gran desigualdad social y la concentración del poder en pocas manos, cuyos dedos están manchados por casos de violación de derechos humanos y asuntos financieros de dudoso origen.
gguillermorb@yahoo.com
@germanrodri
@germanoveja

