«Vemos el uso arbitrario de la fuerza, que ha causado pérdidas de vidas humanas y heridos; detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas; persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositores o voluntarios electorales; y censura, restrucciones a las libertades de expresión, asociación y reunión, obstáculos a la labor de defensores de DDHH», denunció la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke.
La comisionada reportó que en el periodo post-electoral registraron 23 muertes en el marco de las protestas contra el fraude de Nicolás Maduro.
«10 de las muertes son atribuibles a fuerzas del estados, 6 de las muertes eran atribuibles a los colectivos, que axctúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado», detalló.
También denunció la ejecución de detenciones arbitrarias, incluidos más de un centenar de niños y adolescentes.
Muchas de estas detenciones arbitrarias se perpetraron de forma selectiva a través de la denominada «operación tun-tun», dirigida a encarcelar a activistas, dirigentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes son buscados en sus casas.
Además, la presidenta de la CIDH reportó una «escalada de represión contra periodistas y medios de comunicación» y contra defensores de derechos humanos.
En este sentido, reportó la anulación de los pasaportes de al menos 36 defensores de derechos humanos.
28-08-24
