Por: Angélica Villamizar…
Es común que durante los procesos electorales, es decir, que antes y durante las elecciones se cometan abusos por parte de quienes participan como candidatos y sobre todos quienes son autoridad de cualquier nivel de gobierno (local, regional y nacional).
Para evitar el abuso de autoridad en las elecciones, los ciudadanos contamos con diversas medidas, como por ejemplo, la designación de observadores electorales independientes para monitorear el proceso electoral. Estos observadores verifican que las normas se cumplan y reportan cualquier irregularidad.
Asimismo, los ciudadanos tenemos el deber de conocer las leyes que establecen reglas específicas para garantizar la imparcialidad y la transparencia. Estas normativas definen los procedimientos, los plazos y las sanciones por incumplimiento.
También tener acceso a la información sobre el proceso electoral, es de suma importancia para evitar riesgos de abuso, esta información incluye detalles sobre los candidatos, las mesas de votación y los procedimientos de conteo.
La participación activa de los ciudadanos en la supervisión del proceso electoral es fundamental. Denunciar irregularidades y estar alerta contribuye a prevenir el abuso de autoridad.
Por ello es importante tener una educación cívica para comprender y conocer cuáles son nuestros derechos y responsabilidades. Esto ayuda a prevenir la manipulación o el abuso de poder. La educación cívica en el contexto electoral es fundamental para fortalecer la participación ciudadana y promover una sociedad activa en la toma de decisiones.
Por tanto, y entendiendo que los delitos en contextos electorales, son aquellos en los que se utiliza o aprovecha el patrimonio del Estado, los recursos públicos (dinero, edificios, terrenos, vehículos, medios de comunicación, personal administrativo) o, incluso, cuando un funcionario público se vale de su cargo para promover, favorecer o perjudicar a algún candidato en un contexto electoral, los ciudadanos tenemos el deber de no permitir que se comentan.
Dentro de los delitos o abusos que se cometen más comúnmente dentro del contexto electoral está en primer lugar el desequilibrio en medios de comunicación, es decir, la cantidad de minutos que se dedica a los candidatos en sus diferentes formas de aparición. Los medios de comunicación que son públicos, por ley no deben usar sus recursos para apoyar solo a una parcialidad política.
También durante estos procesos los funcionarios son obligados a hacer campañas políticas a favor de un candidato.
Se han observado situaciones donde es destruida la propaganda electoral; pintan, dañan o arrancan propaganda de un candidato para colocar la de otro.
El uso de locaciones y espacios de organismos públicos para propaganda electoral (peculado de uso), es el tipo de abuso más común. La colocación de propaganda electoral a favor de un candidato en las fachadas de los edificios públicos, en las carteleras de las oficinas, en los vehículos oficiales, etc.
Igualmente el uso de bienes públicos para proselitismo; quienes detentan el pode hacen uso de vehículos oficiales de gobernaciones, alcaldías, ministerios, para trasladar simpatizantes de un candidato, o también se han observado el uso de vehículos pertenecientes a una universidad pública para trasladar propaganda.
En cuanto al momento de tomar las decisiones técnicas que generan dificultades para votar, el trasladar la sede de votación de un grupo de ciudadanos de un lugar a otro sin previo aviso o por ejemplo, el cierre de un centro de votación, errores en la información que se introduce en el sistema, entre otras.
También es muy importante para la ciudadanía estar muy atentos a los ilícitos cibernéticos y la divulgación de bulos, es muy notoria la política de hackeos de portales, redes sociales teléfonos y divulgación de información falsa sobre algunos candidatos.
Por tanto, conocer estas realidades y evitar que se incurran en ellas, es la clave para que sea un proceso electoral transparente.
Correo: amvs286@gmail.com
06-06-2024 (126)
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