De acuerdo a la información difundida, el convenio contempla la entrega de concesiones sobre 17 yacimientos petroleros, incluyendo el desarrollo de ocho «campos verdes» en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyo potencial probado de 65.000 millones de barriles, es decir, cerca del 21,5% de las reservas totales de Venezuela, estimadas en aproximadamente 303.000 millones de barriles.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales, dirigencia política y especialisas han alertado sobre la falta de información sobre estos acuerdos.
Ante la poca información disponible, Clima21 y Provea levantan su voz para reclamar por las medidas ambientales que deben acompañar los acuerdos suscritos y aseguran que «la recuperación económica no puede hacerse a costa de los derechos humanos ambientales».
Destacan que un medio ambiente sano es una condición indispensable para garantizar derechos como la salud, acceso al agua y a un nivel de vida adecuado.
Las organizaciones exhortaron a las autoridades y a las empresas involucradas en los acuerdos a ofrecer información a la ciudadanía. Exigen la publicación de los mecanismos de protección ambiental que se inconrporarán a los acuerdos, cumplir las obligaciones ambientales y de derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales, protección de las comunidades vulnerables afectadas por actividades extractivistas y atención de los pasivos ambientales acumulados, entre otras acciones destinadas a garantizar «un modelo de desarrollo sostenible, participativo, justo y respetuoso de los derechos humanos».
09-09-2026
