De acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio de Seguimiento de Agresiones, las violaciones a la libertad de expresión reflejan un patrón de acoso institucional y policial orientado a limitar la cobertura informativa, especialmente durante acontecimientos de alto interés público, como los terremotos registrados en junio.
Según el balance del gremio, las agresiones registradas entre enero y julio incluyen 24 casos de intimidación, 23 impedimentos de cobertura, 23 detenciones arbitrarias, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 13 ataques directos, 12 borrados de material periodístico, 12 casos de hostigamiento, seis amenazas, cuatro cierres de emisoras de radio, además del decomiso de una credencial y un intento de robo de equipos.
El CNP destacó que durante junio se documentaron 16 nuevas agresiones, de las cuales nueve ocurrieron mientras periodistas cubrían las consecuencias de los terremotos del 24 de junio. Entre los hechos denunciados figuran impedimentos de cobertura por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Altamira, así como hostigamientos y actos de intimidación contra equipos de televisión y reporteros en Caracas y La Guaira.
Asimismo, el informe menciona las detenciones arbitrarias de los periodistas Maryorin Méndez, Miguel Gutiérrez y Leonardo Fernández en las inmediaciones de El Helicoide, además de discursos de descalificación pública emitidos por voceros del régimen contra medios de comunicación y periodistas.
En julio, el observatorio registró 21 nuevos casos, distribuidos en 14 intimidaciones, cuatro amenazas, un impedimento de cobertura, una detención arbitraria y un caso de hostigamiento.
El CNP también expresó su preocupación por la situación jurídica de seis comunicadores excarcelados que continúan sometidos a medidas cautelares, las cuales, según el gremio, restringen su libertad personal y limitan el ejercicio de su profesión.
«A pesar del amedrentamiento y las restricciones, el CNP Caracas reitera su compromiso inquebrantable con la defensa de la verdad y los derechos humanos. Informar no es un delito; es una garantía fundamental para la ciudadanía», concluyó Cárdenas.
07-08-2026
