La migración forzada de venezolanos que huyen a otros países y que es impulsada por la crisis económica y política y por la emergencia humanitaria compleja, ha generado nuevas vulnerabilidades de los sistemas y los marcos regulatorios institucionales propiciando conductas corruptas y gran impunidad de delitos, entre los que destaca, la trata de personas.
De acuerdo con el protocolo de Palermo, se entiende por trata de personas, a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
En este sentido, la corrupción juega un papel muy importante para permitir este tipo de delito que se vive diariamente entre la frontera de Venezuela y Colombia, así como en muchos países donde venezolanos se han ido en busca de una mejor calidad de vida.
Por tanto, existe una enorme debilidad en las instituciones tanto de Venezuela como de todos aquellos países que son destino de los migrantes, donde no se garantizan los derechos humanos de la ciudadanía.
Este desplazamiento continúa atentando contra la integridad y los derechos más básicos. Son alarmantes los riesgos de casos de trata de personas, que se vive en la frontera de Colombia y Venezuela a raíz de la tragedia que se vive por la crisis humanitaria; el abuso es mayor cuando se trata de mujeres, adolescentes y niñas por su vulnerabilidad económica.
Hay complicidad cuando el sistema complica por ejemplo, que las personas no tengan acceso a su documentación, permisos de viaje, por lo que se ven obligadas al paso ilegal entre ambos países, lo que aumenta la posibilidad de captar, con fines de explotación laboral y también sexual. Por lo tanto, hacen que estas personas sean objetivo de redes criminales en estos pasos ilegales.
La mayoría de niñas y adolescentes venezolanas dentro del país y en contextos migratorios tienen dificultades para acceder a todos sus derechos, aunado a la emergencia causada por la pandemia del Covid-19, lo que las ha obligado a separase de su familia viéndose expuestas a estas redes criminales.
Para prevenir los riesgos de corrupción así como los hechos ya cometidos, urge a los Estados a adoptar medidas efectivas, con enfoque de derechos humanos y perspectivas de género, así como incentivar la denuncia para eliminar la impunidad de este delito y erradicar la tolerancia y perpetuación de la violencia de género; porque la impunidad facilita y promueve la repetición de estos hechos.
Además de la regularización de la situación migratoria como una estrategia esencial para brindar protección integral de los derechos humanos. Nota Coalición Anticorrupción Mérida.
01-08-2021
