El derecho de acceder a la información que está en manos del Estado, en cualquier nivel de gobierno, sea nacional, estadal o municipal, es un derecho fundamental, consagrado en instrumentos legales nacionales e internacionales, en la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos, solo por nombrar algunos; por ende, todas las instituciones públicas tienen las obligación de garantizar este derecho y poner a disposición de la ciudadanía, sistemas eficaces para ponerlo en vigencia.
Uno de los principios más importantes del derecho a la información es la transparencia máxima, que se fundamenta en que toda información en poder de las autoridades públicas debe estar sujeta a la divulgación, por supuesto que tiene sus excepciones, como por ejemplo, no es obligatorio publicar información relacionada con datos personales que afecten la privacidad de un funcionario, o sobre la seguridad y defensa de la nación.
El acceso a la información debe ser la norma, y el secreto la excepción. Los organismos públicos deben publicar de manera proactiva, actualizada, clara y de lenguaje sencillo para los ciudadanos, que es posible que no manejen o no entiendan bien la información suministrada.
Todos tenemos derecho a saber, por ejemplo, cuánto es el gasto que realiza el gobierno en obras públicas o alimentos subsidiados, cuánto invierte en hospitales o escuelas. También el Estado debe informar cuánto es el monto que gasta en sueldos y salarios de cada funcionario de la administración pública, sin que esto signifique que se atente contra un derecho, o cuánto gasta en materiales y suministros que son utilizados para las actividades diarias en cada ente.
De igual manera, se debe informar sobre todo lo relacionado a estadísticas en cualquier sector, también es responsabilidad del Estado tenerla a disposición del público y que no haya opacidad en la información. Se puede mencionar como ejemplo, el derecho a saber cuánto es el número real de contagiados y fallecidos por el Covid-19 o el número de vacunados diariamente en cada centro de vacunación; que se dé una información activa, es decir, que el ciudadano común no tenga que solicitarla sino que esté publicada a través de todos los medios de comunicación posible.
Así, la difusión activa de información por parte de los gobernantes genera confianza y fortalece la democracia.
Por otro lado, cualquier ciudadano tiene derecho de realizar peticiones de información sobre el uso de los recursos a los entes públicos, este proceso debe ser sencillo, rápido y gratuito y los funcionarios tienen la obligación de ayudar y guiar a los solicitantes y responder todo lo que se le pregunte.
Para cambiar la cultura de secreto gubernamental, es preciso preguntar el por qué, cuándo y dónde han sido utilizados los recursos, esto disminuye su uso incorrecto. Además este tipo de cuestiones presiona a las autoridades a resolver problemas que afectan a la colectividad.
Ciudadanos bien informados están en capacidad de tomar decisiones y participar activamente en los asuntos que le conciernen desde su ámbito más local, es decir, su comunidad, a nivel de parroquia, municipio, estado y hasta del nivel nacional.
Desde la Coalición Anticorrupción de Mérida exhortamos a la ciudadanía a ejercer este derecho, para frenar el abuso de algunas autoridades de la administración pública, exigiéndoles transparencia y rendición de cuentas de su gestión. Nota Coalición Anticorrupción Mérida.
Redacción CAC-CC-A.V
25-07-2021
