Nuestro deber como ciudadano es velar porque los recursos públicos sean invertidos eficaz y eficientemente, para ello, es preciso exigir que toda la información que poseen los órganos públicos sea divulgada.
En este sentido, las organizaciones que integran la Coalición Anticorrupción expresan la importancia de conocer sobre los ingresos y gastos públicos en el país, así como qué cantidad de población beneficia cualquier política pública o programa social, ya que en Venezuela, ni conocemos ni participamos activamente en las decisiones que afectan nuestra calidad de vida.
La International Budget Partnership realiza una encuesta de Presupuesto Abierto para evaluar el acceso a la información presupuestaria del gobierno central, además de las oportunidades formales que el público tiene de participar en el proceso presupuestario nacional, entre otras cosas.
Así en su séptima edición fue evaluada la transparencia fiscal en 117 países del mundo, donde Venezuela sacó 0 puntos, ocupando el lugar de 115 del total de países. Esta calificación la sacamos por segunda vez lo que evidencia que es una política de Estado el secreto y la negativa a rendir cuenta en Venezuela.
Son muchas las ventajas de la transparencia fiscal y la participación de los ciudadanos en el proceso presupuestario; organizaciones como centro de pensamiento, universidades, activistas de derechos humanos, todos pueden contribuir a la elaboración y ejecución de las políticas públicas si disponen de información fiscal completa y oportuna.
Cuando la administración pública rinde cuentas y el ciudadano está bien informado de todo el manejo de los recursos, disminuyen los riesgos y abuso de poder, de corrupción, se impulsan mejoras en el bienestar social, se alcanza el máximo aprovechamiento de los recursos públicos y mejorar el desempeño económico en general.
Para ello, la ciudadanía debe conocer a fondo la ley de presupuesto en su proceso de elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento y velar porque se cumplan los objetivos de la política fiscal, que se resumen en eficacia macroeconómica y eficiencia de la asignación de los recursos; que el ciudadano asuma su derecho en frente al manejo de la cosa pública. Nota de prensa Coalición Anticorrupción Mérida.
16-05-2021
