Las acciones irregulares durante el proceso de elecciones suelen convertirse en delitos de corrupción asociados al sistema electoral y estos se encuentran previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales sancionada en 2009, en cuyo artículo 3 establece que:
El proceso electoral se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad y eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional.
Legislación que también regula lo referente a las campañas electorales entendidas como “las actividades de carácter público desarrolladas por los candidatos y candidatas, organizaciones con fines políticos y grupos de electores y electoras que tengan como propósito captar, estimular o persuadir al electorado para que vote a favor de un candidato o una candidata dentro del lapso señalado por el Consejo Nacional Electoral” (artículo 71). En este sentido, hay un inciso particular que refiere al financiamiento de la propaganda electoral donde queda prohibido el uso de “fondos públicos” (artículo 76, numeral 13) así como su publicación en “edificaciones donde funcionen órganos y entes públicos (…) hospitales (…) monumentos públicos (…) bienes públicos y los bienes objeto de servicios públicos [entre otros] (artículo 77).
Respetando la pluralidad de análisis y decisiones de los diversos sectores de la sociedad, se avecina un proceso electoral que independientemente de la posición que se asuma precisa de seguimiento, observación y, en caso que aplique, denuncia de posibles vulneraciones a la ley de procesos electorales. Es importante reconocer los ilícitos más frecuentes y visibles como el uso de recursos públicos en las campañas, abuso de poder expresado cuando funcionarios o funcionarias públicos en el ejercicio de sus funciones favorecen a un candidato en particular así como la inequidad en el acceso a los medios de comunicación.
Construir estructuras institucionales que garanticen la probidad y la transparencia de los procesos electorales es una de las acciones de la coalición anticorrupción, que implica no sólo velar por el cumplimiento de la ley sino también por promover la participación ciudadana en torno a ello. Esto incluye conocer la hoja de vida junto con la trayectoria de las y los candidatos, promover la incorporación de mecanismos anticorrupción en las ofertas electorales y exigir la garantía en el respeto a la voluntad de las y los ciudadanos expresada a través del voto universal, directo y secreto. Nathalie Carrillo promotora de la Coalición.
