Las oportunidades para incurrir en hechos de corrupción son tan variadas como las posibilidades de ser víctima. Desde el peculado (apropiación indebida para uso personal de bienes patrimoniales/recursos económicos por parte de un funcionario público) pasando por la malversación de fondos (uso del dinero público para asuntos diferentes a lo presupuestado o destinado) hasta el nepotismo (designación de familiares para ocupar cargos públicos) son expresiones comunes de delitos cometidos desde la administración pública y que también tienen su cara del lado ciudadano.

Sin embargo, hay modalidades de corrupción específicas cuya comisión requieren la participación del ciudadano común en su calidad de usuario. Nos referimos a la concusión definida como la exigencia por parte del funcionario público de dinero o alguna otra dádiva a cambio de cumplir con sus funciones, el cual está establecido en el artículo 60 de la Ley contra la Corrupción vigente:

“El funcionario público que abusando de sus funciones, constriña o induzca a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de la cosa dada o prometida”

La concusión no necesariamente se aplica de forma tan directa, puede ser que instancias gubernamentales específicas creen las condiciones necesarias (ralentización de atención, recepción y entrega de documentos, entre otros) para inducir el ofrecimiento de sobornos de parte de sus usuarios como manera de obtener ingresos ilícitos. En ocasiones no logrando el cometido, ilegalmente establecen tarifas para ejercer las funciones para las cuales ha sido empleado.

Por tanto, los usuarios de los servicios se ven obligados a “voluntariamente” acceder a la concusión como única y eficiente vía para realizar su trámite satisfactoriamente. Hay indignación, violación de derechos, sometimiento y resignación pero no hay reclamo, visibilización ni denuncia.

La corrupción puede convertirse en política de facto, cuyo Estado lejos de garantizarnos bienestar nos expone a circunstancias que menoscaban nuestros propios principios y ética. Nos arrastra con una “obligada voluntariedad” a participar e incluso justificar acciones como la concusión para no perecer en el intento de satisfacer necesidades y derechos. Nota de prensa Coalición Anticorrupción Mèrida.

21-02-2021