En Venezuela en los últimos 15 años se ha configurado un patrón de Gran Corrupción, que no es más que el abuso de poder de alto nivel que beneficia a algunos pocos a expensas de la mayoría, y causa daño grave y extendido a individuos y sociedad. Lamentablemente, este tipo de corrupción queda impune, e involucra a las cúpulas de poder, tiene presencia internacional, controla el sistema de justicia y por supuesto, repercute negativamente en la población.

Según investigaciones realizadas por Transparencia Venezuela, la Gran Corrupción se ha venido instalando desde 2003 y es causada por el mal manejo de los recursos públicos y causa grandes violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, que están sumidos en una emergencia humanitaria compleja sin precedentes.  La gran corrupción ha dañado a las instituciones púbicas que son garantes del estado de derecho  y garantía de los derechos humanos.

El patrón de la Gran Corrupción está conformado por una serie de decisiones y políticas públicas, cambios normativos, el monopolio del control absoluto del aparato productivo, generación de incentivos perversos, gasto público sostenible para el control político y no para el desarrollo del país, participación de funcionarios militares en áreas tradicionalmente civiles, la adjudicación directa como mecanismo de contrataciones públicas, la impunidad a través de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, el uso discrecional de los recursos públicos, la rotación de ministros por pertenencia a grupos de poder y la red de negocios internacionales, entre otros.

Por ende, cuando se está frente a este tipo de fenómeno criminal y tan complejo los sistemas nacionales son incapaces de llevar a los responsables ante los estrados judiciales; cuando esto ocurre, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar contra la impunidad en aquellos casos más graves de corrupción y de violaciones a derechos humanos.

Por ello nace la necesidad de la propuesta por parte de Transparencia Venezuela de la creación de un sistema de justicia anticorrupción para Venezuela, que además es la acción 3 del mandato de la Coalición Anticorrupción.

Construyendo de esta manera, un Estado íntegro, que comience por pensar en un cambio de la justicia venezolana para que de verdad sea un instrumento contra la corrupción o las violaciones de los derechos humanos, es decir, un cambio de sistema, que se comience entonces a construir un verdadero sistema democrático. Nota de prensa Coalición Anticorrupción Mérida.

21-12-2020