Durante más de 15 años en nuestro país se ha establecido un sistema de opacidad que reposa en un marco legal hecho a la medida de quienes gobiernan y que además viola la Constitución. Evidentemente, en esta oscuridad jurídica se sigue incubando la corrupción.
De igual manera, el acceso a la información veraz y oportuna está limitado, en el país no hay cifras confiables de ningún sector y las pocas que ofrecen los organismos competentes son dudosas. De hecho, todas las leyes que han sido promulgadas hasta el presente, limitan el acceso a la información, violando este derecho que está consagrado en nuestra Carta Magna.
Por ello, es fundamental que se dicten nuevas leyes que amparen éste y los demás derechos, ya que son herramientas ciudadanas de control necesarias para frenar la corrupción.
Las organizaciones que integran la Coalición Anticorrupción plantean entonces la creación de varias leyes, entre las que destacan: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Protección de Denunciantes, la Ley de Recuperación de Activos, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Delación Premiada, entre otras. Así como la reforma de la Ley de Contrataciones Púbicas, la Ley de Contraloría, la Ley contra la Corrupción, la Ley del Banco Central de Venezuela, para que en éstas se incluyan principios y prácticas anticorrupción.
Por eso la acción 9 de nuestro mandato es renovar el marco legal y contar con instituciones sólidas que sean la base de un estado de justicia, paz y derechos, ya que la Transparencia y la rendición de cuentas son piezas fundamentales para la democracia.
Exigimos entonces, por una Venezuela íntegra, que el Estado garantice el cumplimiento de la ley y sancione a quienes la infringen. Nota de prensa Coalición Anticorrupción Mérida.
11-01-2021
