EL Gobierno Abierto es un modelo de interacción entre los gobernantes y los ciudadanos, y cuenta con tres principios rectores, transparencia que implica la rendición de cuentas, participación ciudadana y la colaboración, además del uso de la tecnología como eje transversal para poder tener acceso a la información pública con datos abiertos, impulsando a su vez políticas anticorrupción.
Cuando se habla de transparencia no sólo implica la publicación de toda la información sino que además ésta debe presentarse en formato editable que facilite la reutilización por parte de la sociedad civil, lo que conlleva al segundo principio, la participación ciudadana en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y finalmente ocurra la colaboración, es decir, el ejercicio del trabajo realizado conjuntamente entre las instituciones y los ciudadanos con el fin de desarrollar ideas y potenciales que ayuden al mejoramiento de la gestión gubernamental.
De igual manera, la integridad de los funcionarios es fundamental, donde se vincule claramente a la ética, los códigos de conducta y las prácticas para evitar la corrupción.
No obstante, en Venezuela, la mayoría de las medidas son tomadas sin considerar la opinión de los ciudadanos, limitando también el acceso a la información a sabiendas que todo acto y decisión pública debe ser transparente, porque hay instrumentos legales que así lo establecen.
Por eso, las organizaciones que integran la Coalición Anticorrupción en Mérida apoyan la acción 8 del mandato que se refiere a la implementación del Gobierno Abierto, afirmando que es primordial como ciudadano, establecer una relación con los gobernantes y participar en las decisiones que afectan a todos; porque cuando los ciudadanos participan, la cantidad de propuestas y recursos aumenta, se fomenta la innovación y nuevas actividades económicas. La participación en las decisiones garantiza la atención de las necesidades de todos, la reducción de gastos innecesarios y la recuperación de la confianza en las autoridades.
Los ciudadanos deben asumir el compromiso e iniciativas para lograr gobiernos más transparentes y disminuir los riesgos de corrupción e impunidad.
El empoderamiento ciudadano y la promoción del control social es la clave, así como la urgencia de incrementar la interacción entre los diferentes grupos de actores de la sociedad, a fin de fortalecer la democracia participativa, que la relación de compromiso mutuo que se establece entre el Estado y la ciudadanía, sirvan para avanzar en la mejora de los servicios públicos, las políticas públicas y, en último término, el desarrollo humano.
Nota Coalición Anticorrupción Mérida.
28-03-2021
