En Venezuela se ha ido instaurando la desinstitucionalización como política de estado; durante las últimas dos décadas hemos sido testigos del desmantelamiento de las instituciones republicanas y la destrucción del estado de derecho. Por ello, los poderes públicos han perdido su autonomía, y eso se evidencia cuando las decisiones comienzan y terminan en el ejecutivo nacional.
Desde el poder ejecutivo se ordenan sentencias judiciales o se violenta la voluntad popular y el derecho al voto instalando gobernaciones, alcaldías y hasta una asamblea nacional paralelas cuando el resultado electoral le es adverso, a pesar de que nuestro marco constitucional vela por la separación de los poderes públicos, condición indispensable para una democracia sana. La creación de un parlamento paralelo en 2017, fue el más duro golpe a la independencia de los poderes públicos.
En efecto, se han dictado decretos que permiten al presidente gobernar sin reglas, aumentar su poder, asumir responsabilidades que no le pertenecen y eliminar controles y procesos legales que frenarían la corrupción.
De esta manera, los órganos que deberían actuar con autonomía, se someten a las órdenes del ejecutivo nacional y son cómplices de la opacidad y la Gran Corrupción y que han generado la Crisis Humanitaria Compleja que vive el país.
Además, las autoridades que dirigen las instituciones no cumplen con los requisitos necesarios para ocupar esos cargos, ya que generalmente son escogidos ilegalmente y se benefician familiares y aliados del gobierno, pasando por alto, los concursos que establece la ley para el ingreso de funcionarios a la administración pública.
Es urgente que recuperemos los valores democráticos, lograr la reconstrucción del estado de derecho, por ello, la acción 4 del mandato de la Coalición Anticorrupción insta a garantizar la separación de los poderes públicos en el país. Nota de prensa Coalición Anticorrupción Mérida.
28-12-2020
