Las políticas públicas son aquellas acciones de gobierno con incidencia en áreas concretas de la vida ciudadana, con el fin de satisfacer una necesidad, siendo parte fundamental la participación ciudadana en cada una de las etapas de su formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, por ello es vital que se consulte a la ciudadanía ya que son quienes conocen cuáles son realmente sus necesidades, por tal razón se debe promover el empoderamiento de los ciudadanos a fin de que reconozcan cuáles son sus derechos.
Por lo tanto, una política pública con enfoque de derechos humanos comprende el cumplimiento de principios transversales como: universalidad, igualdad y no discriminación; acceso a mecanismos de garantía; acceso y producción de información; participación social; así como principios específicos tales como: obligaciones inmediatas y progresivas; protección especial y prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad; niveles mínimos de derechos; obligación de no regresividad; obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles.
Además una política pública anticorrupción también debe cumplir con los principios de igualdad y no discriminación; participación; rendición de cuentas y responsabilidad; y mecanismos para hacer exigibles los derechos. Principios que son el eje de cualquier política sostenible y democrática.
Es vital el vínculo entre el diseño y la implementación de las políticas anticorrupción y el ciclo político en el contexto nacional, debido a que implica varios factores propios de cada realidad como la capacidad política, la capacidad de las instituciones y de gestión.
Entonces, una política pública anticorrupción con enfoque de derechos humanos involucra además adecuar y/o activar las normativas nacionales, realizar un diagnóstico de la situación de corrupción e identificar los escenarios con mayor riesgo de corrupción. Disponer de las instancias de justicia para la prevención, investigación y sanción de los hechos punibles.
Sin dejar de lado, planes de protección a los denunciantes ya que son susceptibles de ser víctimas de hostigamiento y persecución, así como el acceso y visibilidad de la información, para que sea de dominio público las acciones emprendidas en materia anticorrupción y los mecanismos para denunciar lo cual se enlaza con la participación ciudadana como veedores y reclamantes del cumplimiento de las políticas.
