Queremos para iniciar nuestra exposición, solidarizarnos con todos los venezolanos, en especial con nuestros hermanos merideños, por la terrible crisis en que estamos sumidos. Somos víctimas del fracaso de un modelo impuesto desde 1999 denominado Socialismo del Siglo XXI, donde los signos más relevantes son el centralismo, la exclusión política y el desmontaje de la institucionalidad expresada en la Constitución de año 1999.
La crisis económica que hoy vivimos es producto de la acumulación de errores cometidos por una dirección política que se ha encargado, en nombre de la economía socialista, signada por el control de los medios de producción e imposición de un rígido control de cambio, de desmantelar la producción nacional, que ha derivado a un crecimiento desmesurado de las importaciones subsidiadas por el Estado, ósea el desarrollo de una economía de puertos, en desabastecimiento de los productos de primera necesidad, en alto costo de la vida. Hoy vivimos una economía de guerra con racionamiento en todos los rubros.
Venezuela es el único país de América que no tuvo crecimiento económico en los dos últimos años, en medio de la más alta inflación del mundo, los venezolanos hemos pasado de un país rico con los ingresos petroleros más altos de su historia a un país empobrecido con inmensas colas para poder comprar sus alimentos. La deuda externa se quintuplico con respecto a la deuda que se registraba en 1999. Se gastaron una inmensa fortuna de los ingresos petroleros y luego de dilapidarla hipotecaron nuestro patrimonio petrolero por muchas generaciones..
En estos 15 años se ha acrecentado el centralismo, con todos los males que este sistema implica, ineficiencia, lentitud en los procesos de gobierno, destrucción de los alcances logrados en los procesos de descentralización y desconocimiento de la autonomía municipal.
Existe una gran diferencia en el tratamiento a los municipios que son gobernados por alcaldes oficialistas y los gobernados por alcaldes de la línea de la alternativa democrática. Se nota una gran exclusión tanto en los planes especiales como en la participación en un proceso de gobierno de integración entre el poder nacional y el poder municipal.
El municipio como institución del Estado ha sido muy golpeado, no se ha respetado su autonomía municipal establecida en la Carta Magna, el poder municipal ha sufrido un progresivo aislamiento y cerco económico-presupuestario, algunas de sus competencias y recursos han sido transferidas al poder popular dentro de la estrategia de sustituir a este poder local por el Estado Comunal. Pareciera que se busca, al negarle los recursos que les corresponde a este poder municipal, colocarlo al escarnio público al no poder cumplir cabalmente con sus compromisos en el territorio que nos toca gobernar y una vez desprestigiado intervenirlo y acabarlo de una vez por todas.
La Nueva Geometría del Poder, punta de lanza del Socialismo del Siglo XXI y ratificado en el Plan de la Patria, busca imponer un nuevo Orden Político Territorial donde las gobernaciones y municipios quedarían como unas entelequias al despojársele progresivamente de sus competencias y recursos para ser transferidas, tanto al poder central como al Estado Comunal.
Los recortados presupuestos que nos asignan han sido afectados por una implacable inflación, la más alta del mundo, que hace que los costos cuando no se triplican se hacen imposibles de cubrir. Nos calculan estas asignaciones presupuestarias al dólar oficial de 12Bs por dólar pero en realidad compramos los insumos, equipos, maquinarias y vehículos a precios del mercado paralelo, no existe una política por parte del Ministerio de Finanzas que permita a los municipios por la vía de la excepción tener acceso a las divisas preferenciales, sobre todo, para nuestras compras de los insumos importados que se venden en el mercado nacional, específicamente, en reposición de vehículos, compra de repuestos y mantenimiento en general.
En estas circunstancias adversas, tenemos como gobiernos locales fuertes limitaciones para el desarrollo de la infraestructura pública y para cumplir eficientemente con servicios públicos municipales de calidad. A esto se le añade el empobrecimiento progresivo de los vecinos de nuestras comunidades, quienes han perdido su capacidad adquisitiva ante una inflación brutal e indetenible, que son víctimas de la inseguridad y avasallados por el desabastecimiento y la escasez de los productos de la canasta básica.
Sin embargo, desde los municipios hacemos grandes esfuerzos institucionales y de liderazgos personales y colectivos para darles fuerza a nuestros vecinos, para animarlos, para mantener la esperanza de que vendrán tiempos mejores y que esto va cambiar. Convocamos, en este sentido, a construir un proyecto alternativo que nos ayude a superar el modelo fracasado del Socialismo del Siglo XXI.
Como Alcaldes de la Alternativa Democrática le solicitamos al gobierno rectificación de sus políticas hacia los municipios.
* Que se le reconozca a las Alcaldías la autonomía municipal que esta expresada en la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, transfiriéndole las competencias y los recursos que por ley le corresponden y que les han sido despojados.
* Que haya igualdad de tratamiento para los alcaldes de la alternativa democrática como se les da a los alcaldes oficialistas. Somos representantes de las comunidades no de los partidos políticos, nos acogemos al derecho a la libre asociación y a la pluralidad política que nos da el marco constitucional., gobernamos para todos nuestros coterráneos sin excepción ni exclusión. Rechazamos el ser excluidos por que si nos excluyen a nosotros están excluyendo también a nuestras comunidades.
* Que se establezca una política de presupuestos justos y oportunos para los municipios y que haya una estrategia financiera para el manejo de divisas en las compras de insumos que son afectados por el mercado cambiario. Que se reconozca a la administración municipal los costos por inflación.
* Que se reordene la situación laboral de nuestros trabajadores municipales en relación con los aumentos del salario mínimo y de las otras escalas salariales, de las condiciones y seguridad laboral, de jubilaciones y demás temas de la seguridad social.
* Que se diseñe y desarrolle una política nacional para que cada municipio de acuerdo a sus fortaleza y debilidades sea gestionado mediante un PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL LOCAL SUSTENTABLE, que se derive del consenso de todos los habitantes y donde se le asignen los recursos necesarios para que estos territorios puedan de manera autogestionaria lograr sus desarrollos y con ello, elevar la calidad de vida de los pobladores en general. Sobre todo, para lograr nuevos puestos de trabajo productivos, bien remunerados y con seguridad social.
* Que se restablezca una política nacional de DESARROLLO URBANO LOCAL donde el poder municipal retome sus competencias sobre el orden y desarrollo urbano municipal tal como lo establece la ley y con ello, un plan de inversión integrado Gobierno Nacional, Gobernaciones y Alcaldías para recuperar nuestras ciudades y pueblos hoy muy deteriorados.
Para concluir, expresamos que los alcaldes merideños de la Alternativa Democrática somos unos convencidos que es necesario un Cambio de Gobierno, de modelo de gobierno y de modelo económico.
Que no creemos ni apoyamos la vía violenta, ni del golpe de Estado, ni de la rebelión militar, mucho menos del estallido social irracional con dolorosas muertes. Somos demócratas y nos guiamos por lo que dicta la Constitución Nacional en sus principios y valores democráticos,
En consecuencia, convocamos a la Unidad, al reclamo y a la protesta pacífica como derecho constitucional, a la organización y participación activa de los ciudadanos en su lucha por una mejor democracia y por el rescate de sus derechos mancillados.
Creemos en la vía electoral como camino cívico y pacifico para salir de esta terrible crisis. Promovemos y defendemos los Derechos Humanos, sobre todo, la vida y la libertad de expresión.
