La Cámara de Comercio e Industria del estado Mérida
a la opinión pública:
Ante los hechos ocurridos en el país durante el presente mes de febrero de dos mil catorce, la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida estima su responsabilidad fijar posición.
Desde hace un buen tiempo, pero particularmente en los últimos tres años, los organismos empresariales, las academias nacionales, destacados economis-tas, políticos y formadores de opinión, además de periodistas especialistas en la materia, hemos advertido al gobierno nacional acerca de la desacertada polí-tica económica aplicada, con especial énfasis en los controles ideados para estrangular la actividad privada y asfixiar a sus distintos actores, incluidos empresarios, trabajadores y consumidores en general. Esta afirmación encuentra su mejor expresión en el pernicioso control para el acceso a las divisas en moneda extranjera, lo cual ha conducido a toda clase de corruptelas, pérdida de dinero público y de bienes importados por el Estado. Pero es más, según lo confesado por el ministro Rafael Ramírez, a la entrega de las divisas sin planificación alguna, a la buena de Dios.
El resultado de tales políticas, como fuera advertido, ha resultado en el desen-cadenamiento de plagas de proporciones bíblicas, la más espantosa inflación conocida por el país en toda su historia, así como una pronunciada y cada vez más acelerada devaluación. Pero, como si todavía no fuera suficiente, quien está en primer lugar llamado a respetar y hacer que se respeten los derechos constitucionales, irresponsablemente llamó a la población a asaltar, robar y sa-quear los comercios, con el espantoso efecto, unido a todo el panorama ante-rior, de tener hoy día los anaqueles semivacíos en algunos bienes y en otros su ausencia total.
Aunado a lo anterior, el propio gobierno nacional ha propiciado una política de impunidad sistemática ante los trasgresores de la ley, quienes con absoluto desprecio por la vida humana han acumulado en los quince años de este experimento ideológico, la inimaginable suma de más de doscientas mil personas asesinadas. Además, desde su advenimiento al poder, el gobierno y su partido político se han dedicado a la tarea de promover, organizar y armar grupos paramilitares civiles de choque, quienes actuando al margen de toda norma jurídica, amparados en la impunidad otorgada por el propio gobierno, se han dado a la tarea de atacar en forma cobarde y con alevosía, a pacíficos ciudadanos, quienes se permiten disentir de sus políticas y su intención de imponer un sistema político hegemónico y excluyente.
En ese escenario, cuando ya una parte de la población está exasperada de aguantar semejantes atropellos, ocurre una manifestación pacífica de unos es-tudiantes universitarios del estado Táchira, quienes reclaman la situación de inseguridad que tuvo como última víctima para esa ocasión, a una compañera de estudio. El gobierno en lugar de atender el justo reclamo, nuevamente les lanzó sus perros de presa: Guardia Nacional Bolivariana, Policía del estado Táchira y sus colectivos armados, eufemismo detrás del cual se amparan las fuerzas paramilitares. Las consecuencias son conocidas: más de una docena de personas fallecidas, entre ellos un integrante de los paramilitares, cientos de heridos, muchos de ellos detenidos y sometidos a vejámenes y tratos degradantes penados bajo la denominación genérica de torturas, y un país totalmente paralizado.
Por supuesto, en nuestro criterio, todo ello es absoluta responsabilidad del go-bierno nacional y del Partido Socialista Unido de Venezuela, por su insensata terquedad de querer imponer un sistema político rechazado por la colectividad, así como el desastre económico y social en el cual ha sumido al país, para no hablar de la espantosa división por el odio inculcado en la mente de los habi-tantes de nuestra nación.
Siendo de su responsabilidad la situación creada, es obligación también del gobierno introducir, con la urgencia requerida, las rectificaciones en sus políti-cas sociales, económicas y morales, con las cuales se supere el actual estado de caos generalizado y se retomen las sendas de bienestar, justicia, progreso, libertad y verdadera democracia, buscados durante los gobiernos de la era civil.
Para ello se requiere:
1. Identificar y juzgar a los culpables de las agresiones, muertes, heridas, y torturas, ocasionados a los participantes en las protestas pacíficas de los gloriosos estudiantes y la sociedad civil, de modo particular a las personas responsables de los daños provocados a bienes muebles e inmuebles, de los intentos de saqueos y heridas causadas a la población merideña.
2. La libertad plena de todos los detenidos durante las manifestaciones y protestas del mes de febrero de 2014, así como la anulación de los jui-cios y sentencias recaídos sobre las personas inculpadas por los hechos de abril de 2002.
3. El desmantelamiento de los grupos paramilitares, conocidos como colectivos armados de apoyo al gobierno y el sometimiento a la justicia de sus integrantes, quienes hubieren cometidos delitos, así como la aplicación de las condenas sin derecho a beneficios procesales, por tratarse de hechos de lesa humanidad, así como la destrucción del armamento y cualquier otro material de guerra, incluidos los medios de transporte.
4. La abrogación de toda la legislación aprobada en contradicción con la Constitución de 1999, particularmente las violatorias del derecho consa-grado en su artículo 115, así como las que menoscaban, enervan, anu-lan o hacen nugatorias, las instituciones ratificadas en el referéndum de 2007. Particularmente, la ley de precios justos, la ley de tierras, todas las leyes para desarrollar el inconstitucional poder popular, las normativas de carácter legal y sublegal en materia de educación.
5. El compromiso de un respeto absoluto a la autonomía universitaria y to-das sus instituciones y órganos, permitiendo su actividad sin injerencia de los poderes públicos. La dotación de un presupuesto justo para todo el sistema educativo.
6. El libre desenvolvimiento de todos los gremios sin interferencia del poder electoral.
7. La restitución de todas sus atribuciones y competencias a las goberna-ciones y alcaldías, reconocidos en el proceso de descentralización, desmantelando cualquier órgano creado para coartarlas.
8. Designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inte-grantes del Poder Electoral y del Poder Moral, con absoluta observación de las mayorías requeridas en la constitución para su nombramiento.
Mérida, 24 de febrero de 2014.
La Junta Directiva
