El Concejo Municipal de Libertador, en el marco del Reglamento de Interior y Debates, se reunió en sesión extraordinaria para revisar los actos violentos que se han registrado en las últimas semanas en la ciudad de Mérida, generando abuso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como la actuación al margen de la ley de grupos paramilitares que han recrudecido la violencia política y social, menoscabando el objetivo de la protesta que ha emprendido la sociedad civil en contra del gobierno Nacional.
Así lo dio a conocer el concejal del bloque democrático, Golfredo Morett, al repudiar los ataques vandálicos por parte de sujetos armados que han arremetido contra personas, estudiantes, residencias de ocupación familiar, vehículos, entre otros bienes patrimoniales y de particulares, generando la obstrucción del libre tránsito, enfrentamientos violentos, ataques vandálicos de sectores armados y detenciones arbitrarias que conllevan a la violación de los derechos humanos.
Morett puntualizó que en el mes de febrero del año en curso se vienen presentando manifestaciones pacíficas como medida de protesta ante la escasa respuesta por parte del gobierno hacia un pueblo que reclama seguridad, desarme de grupos parapoliciales, control de la inflación, suministro de productos de primera necesidad, medicinas, abastecimiento en los hospitales, mejora de sueldos y salarios, entre otros reclamos que demandan los ciudadanos.
Como consecuencia del recrudecimiento de la violencia política durante las últimas semanas, continuó expresando el concejal, de acuerdo al cotejo de cifras oficiales y datos aportados por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, se contabilizan alrededor de quince muertos, más de doscientos heridos, más de treinta denuncias de tortura y cerca de setecientas detenciones.
“Los merideños decidieron colocar barricadas en los alrededores de sus residencias a manera de protesta, así como también, para protegerse de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos paramilitares que deben ser desarmados inmediatamente”, exigió Morett.
Expresó el edil merideño que uno de los deberes del Concejo Municipal es contribuir al mantenimiento de la convivencia ciudadana de acuerdo a lo establecido por el marco jurídico venezolano, así como, fungir como portavoz de los problemas que afectan a las comunidades; por tal motivo, el ente del Poder Público Municipal, acordó discutir y pronunciarse respecto al abuso de poder de los cuerpos de seguridad en el municipio, rechazar la criminalización de la protesta, así como la persecución a estudiantes, ciudadanos y dirigentes políticos nacionales, regionales y locales, los cuales deben ser liberados a la brevedad.
En el acuerdo instan al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Poder Legislativo, a desplegar investigaciones imparciales que permitan examinar y aclarar las responsabilidades reales ante la situación de terror que han querido imprimir desde el mismo gobierno regional y nacional hasta los sectores armados que se resguardan en las autoridades, para arremeter en contra de la integridad física de los merideños y atemorizar a un pueblo que está cansado de injusticias en todos los sectores.
Prensa Voluntad Popular – Mérida
