El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, en su sesión ordinaria Nº 01, de fecha martes 15 de enero de 2019, ante la ruptura del hilo constitucional y legal, que atenta contra la democracia y las instituciones del país, debido a la usurpación de autoridad consumada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, al haberse juramentado, írritamente, como presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 10 de enero de 2019, acuerda pronunciarse, pública y categóricamente, por las siguientes consideraciones:
Considerando
Que, como lo instituye el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.”
Considerando
Que, el artículo 2 de la Ley de Universidades establece el deber y la corresponsabilidad social de las universidades de “colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales.”
Considerando
Que la Universidad tiene el deber ético y moral de participar en las luchas que, en el marco de la Constitución y la Leyes, sean promovidas para restablecer el orden constitucional y legal, aspirar a condiciones de vida digna para todos los venezolanos y por el respeto de los derechos humanos, en este caso particular, por el derecho a que se respete el principio de la soberanía del pueblo que eligió, en el marco de unas elecciones legítimas, a los actuales miembros de la Asamblea Nacional, como sus representantes ante el Poder Legislativo;
Considerando
Que, como lo señalan públicamente eminentes abogados constitucionalistas, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, las Academias Nacionales, la Conferencia Episcopal Venezolana, los gremios empresariales, las Universidades Nacionales, así como la mayoría de las democracias del mundo, el proceso eleccionario del pasado 20 de mayo de 2018 es nulo en tanto estuvo viciado en todas sus etapas por cuanto: a) fue convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que, debido a los vicios en su convocatoria y constitución, no fue reconocido ni por la mayoría del pueblo venezolano, como titular del poder originario constituyente, ni por la mayoría de países democráticos de Occidente; b) el órgano electoral no ha actuado con autonomía ni independencia de los otros órganos del Poder Público, sino que responde a las órdenes del ciudadano Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) quienes, para defraudar la voluntad del pueblo, inhabilitaron partidos políticos y candidatos de la oposición, y utilizaron groseramente los recursos del país para coaccionar la expresión del voto a favor del representante del oficialismo. En consecuencia, como lo expresaron la mayoría de los venezolanos y de los países democráticos de Latinoamérica y otras latitudes del mundo, tal “elección” no fue reconocida como válida ni legítima, en razón de que estuvo despojada de toda integridad electoral democrática;
Considerando
Que el evento político del 20 de mayo de 2018 no puede ser considerado como una elección libre y transparente en tanto que, desde el punto de vista del derecho constitucional, con el írrito acto de juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo que se consumó fue una usurpación de autoridad, por cuanto que el ciudadano Maduro no podía asumir la Presidencia de la República mediante juramento en tanto que no se le podía considerar como presidente electo;
Considerando
Que la ruptura continuada y sostenida del marco constitucional y legal, por parte del gobierno del ciudadano Nicolás Maduro Moros, así como la vulneración de todas las disposiciones para el ejercicio del voto soberano en las condiciones pautadas por la normativa vigente, ha generado una crisis general, nunca vivida en nuestra historia constitucional: vació de contenido la Constitución vigente; despojó de sus facultades, de facto, a la Asamblea Nacional legítimamente elegida por el pueblo; suprimió la autonomía e independencia de los Poderes Públicos; censura y persigue a la prensa independiente; provocó la hiperinflación jamás vista en América Latina; propició una crisis migratoria jamás vivida en Venezuela ni en la historia del continente americano; acrecentó a niveles inimaginables la tragedia, mediante el uso de la fuerza y con la acción cómplice de los órganos de seguridad del Estado;
Considerando
Que, en Resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la mayoría de los estados parte, el 10 de enero de 2019, acordó:
– No reconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019. -Urgir a todos los Estados miembros a invitar a los observadores permanentes de la OEA a adoptar de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático venezolano. -Hacer un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales. -Invitar a los Estados miembros y a los observadores permanentes a implementar medidas para atender la crisis humanitaria venezolana. -Urgir al régimen venezolano para que permita el inmediato ingreso para la ayuda humanitaria. – Exigir la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos. -Expresar su activa solidaridad con el pueblo venezolano;
ACUERDA
Primero: Impulsar, desde la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, acciones de defensa institucional, constitucional, pacífica y democrática por el restablecimiento y pleno respeto del orden constitucional y legal con miras a la reconstrucción de la nación en un clima de respeto, sosiego, cordura, justicia y paz;
Segundo: Realizar jornadas de formación, información y educación continua para todos los miembros de la comunidad universitaria y el pueblo en general, para demostrar la usurpación de autoridad, por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros quien, mediante el írrito acto de juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, consumó la ruptura total del hilo constitucional y defraudó el principio fundamental de la soberanía del pueblo;
Tercero: Reiterar nuestro rechazo y desconocimiento al proceso eleccionario del pasado 20 de mayo de 2018 por cuanto el mismo estuvo viciado en todas sus etapas, convirtiéndolo en un acto nulo, de nulidad absoluta, por no ser una elección libre y transparente y, en consecuencia, por estar despojado de toda integridad electoral democrática;
Cuarto: Denunciar públicamente, ante los organismos de defensa de los derechos civiles y políticos de Venezuela y del mundo, que el acto de juramentación de Nicolás Maduro Moros realizado el 10 de enero de 2019, ante el Tribunal Supremo de Justicia, consumó una usurpación de autoridad por las razones de hecho y de derecho consideradas y expresadas ut supra;
Quinto: Exhortar a los miembros de la comunidad universitaria y al pueblo en general a que participen en las convocatorias y actividades que, en el marco de la Constitución, realice la Asamblea Nacional, así como los partidos políticos, la sociedad civil organizada y las diversas instituciones de la sociedad con el propósito claro de alcanzar: la restitución del orden constitucional y legal; el respeto y reconocimiento de las facultades de la Asamblea Nacional legítimamente elegida por el pueblo; la separación e independencia de los órganos del Poder Público; la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio libre y pleno de la prensa independiente; la recuperación económica y productiva del país; la garantía de los derechos humanos; la garantía de mejores condiciones de vida para todos los venezolanos;
Sexto: Expresar nuestro apoyo a la Asamblea Nacional, a su presidente, diputado Juan Guaidó y a todos sus miembros, reconociéndolos como los únicos representantes legítimos del pueblo venezolano e instándolos a que asuman con firmeza y valentía el papel de liderar provisionalmente, hasta que se realicen una elecciones presidenciales libres, transparentes y democráticas, las riendas y el destino de Venezuela;
Séptimo: Exhortar a las Fuerzas Armadas Nacionales y a los órganos de seguridad ciudadana a cumplir con el deber de garantizar la integridad personal y material de los ciudadanos en todos los actos de restitución de la democracia y del hilo constitucional, así como a participar en la defensa de los derechos y libertades de los venezolanos, todo ello en el marco de lo establecido en la Constitución y en las Leyes de Venezuela;
Octavo: Hacer público el presente pronunciamiento y remitirlo al Consejo Universitario, a la Asamblea Nacional y a las universidades venezolanas, latinoamericanas y del mundo.
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Facultad a los 17 días del mes de enero de 2019.
Prof. Mery López de Cordero. Decana Presidenta
Prof. Antonia Kettl. Secretaria.