En una rueda de prensa celebrada en el Salón Fray Juan Ramos de Lora del Rectorado, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA) expresó su rechazo a la política salarial basada en bonos, que calificó como discriminatoria, y exigió al Ejecutivo Nacional la reinstitucionalización del salario digno para todos los trabajadores universitarios.
El rector Mario Bonucci Rossini, acompañado por las autoridades universitarias, representantes del personal administrativo, estudiantil y profesores jubilados, explicó que el objetivo de la convocatoria no es pelear por un bono específico, sino recuperar un esquema salarial justo y unificado, tal como lo contempla la Constitución.
Bonucci denunció que el denominado «bono de responsabilidad profesional», pagado recientemente a través del Sistema Patria, se otorgó sin criterios claros ni públicos. Según una encuesta interna de la ULA, docentes que cumplían con los requisitos señalados por el Ministerio de Educación Universitaria no recibieron el beneficio, mientras que otros con menor formación académica o antigüedad accedieron a montos más altos.
“No hay criterio en ningún lado. Con un solo caso de discriminación ya es suficiente para hablar de un trato injusto”, sentenció el rector.
El bono excluyó además a jubilados, personal contratado, tiempo convencional, empleados y obreros, afectando al 38,52% del personal que mantiene operativa la universidad, muchos de ellos jubilados en actividad.
El rector hizo un recuento histórico de lo que llamó «la destrucción del esquema salarial universitario», que comenzó con la imposición del instructivo ONAPRE en marzo de 2022, el cual aplanó las tablas salariales, redujo primas académicas y fijó un salario mínimo de 130 bolívares (30 dólares para ese momento), vigente hasta hoy sin incrementos en más de cuatro años.
Asimismo, criticó que las convenciones colectivas únicas, firmadas sin participación de las autoridades universitarias, anularon mecanismos de compensación salarial frente a la inflación.
El vicerrector administrativo, Manuel Aranguren Rincón, advirtió que la ULA funciona “milagrosamente” sin presupuesto, gracias al esfuerzo de su personal. Reveló que el sueldo del rector es inferior a 5 dólares mensuales y que un profesor titular fallecido hace 40 años aún aparece en las tablas con un salario de 522 bolívares (menos de un dólar) para su familia.
“La caída de esta universidad es la caída del pueblo merideño y venezolano”, afirmó Aranguren, quien llamó a la comunidad a seguir luchando para mantener la casa de estudios abierta.
El Consejo Universitario envió una carta formal a la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, solicitando una audiencia para discutir los criterios del bono y la exclusión de sectores como contratados, jubilados y personal tiempo convencional. A pesar de que la ministra confirmó haber recibido la comunicación, no ha habido respuesta.
El secretario del Consejo Universitario, Manuel Joaquín Morocoima, denunció que el sueldo mínimo se mantiene en 130 bolívares, mientras que el pasaje mínimo en Mérida y en el país es de 140 bolívares. “Un trabajador no gana el sueldo mínimo ni para un pasaje al día”, afirmó.
Morocoima señaló que el rector y el vicerrector administrativo son profesores titulares jubilados y, por lo tanto, no recibieron el bono de profesionalización, al igual que el personal administrativo, técnico y obrero jubilado, a pesar de seguir trabajando activamente para la universidad. “Mientras no nos den un salario digno, pelearemos porque estos bonos sean asignados a todos los trabajadores universitarios del país”, agregó.
Maydoli Villegas, secretaria de organización de la Asociación de Empleados de la ULA (ATO), enfatizó que la lucha gremial no es por un bono, sino por la recuperación del salario perdido desde hace cuatro años, cuando el gobierno nacional lo dejó fijo en 130 bolívares. “Empezaron a crear figuras de bonos que no tienen incidencia en nuestras contrataciones colectivas ni generan prestaciones sociales”, explicó.
Asimismo, exigió el respeto a la autonomía universitaria: “Si aquí se respetara la autonomía, no tendríamos este problema. Si la universidad fuera responsable de sus nóminas y pagos, no existiría esta discriminación”. Villegas recordó que el bono de responsabilidad profesional ya existe en la convención colectiva única, pero fue firmada por federaciones minoritarias sin representación real de la mayoría universitaria.
El profesor David Díaz Miranda, representante de los profesores jubilados, señaló que el pago discriminatorio del bono viola el artículo 21 de la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe discriminaciones por condición social. “Nosotros estamos ante una situación realmente vulnerable. El propio Carlos López, coordinador de la Central Única de Trabajadores Socialistas de Venezuela, reconoce que los trabajadores no fueron informados y que un grupo de técnicos se reunió para acometer esta arbitrariedad”, denunció.
Los jubilados, además, no tienen acceso al Sistema Patria para verificar los criterios de pago, por lo que se declararon en pie de lucha y agradecieron al Consejo Universitario por asumir esta causa.
La representante estudiantil ante el Consejo Universitario, Angélica Pacheco, manifestó el apoyo del movimiento estudiantil a las exigencias de trabajadores y profesores. “Lo que ocurre con el tema salarial es la continuación de un modelo de represión sistemática del gobierno nacional. Por más que quieran manejar discursos de cambio y reinstitucionalización, no lo están logrando”, afirmó.
Pacheco criticó a la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, por no asumir su responsabilidad y limitarse a una “guerra de comunicados”. “Le pedimos que asuma la responsabilidad y dé una respuesta directa. No es posible que sigamos hablando de bonos cuando lo que buscamos es el regreso de un salario digno”, sostuvo. Asimismo, recordó que la crisis salarial afecta las becas, rutas estudiantiles y comedores universitarios, e invitó a la ministra a asistir al Consejo Universitario para un diálogo frontal.
En su intervención final, el rector Mario Bonucci Rossini reforzó la crítica a la falta de criterio en el pago del bono: “Si la ministra dice que quiere favorecer la carrera docente, no se entiende por qué un profesor titular puede cobrar el mismo bono que un obrero. No es por grado académico, no es por antigüedad. Es un bono aleatorio”. Insistió en que, mientras no haya salario digno, el bono debe pagarse por igual a todos los trabajadores.
Bonucci reiteró la invitación a la ministra Ana María San Juan a la ULA: “Ministra, la invitamos a esta universidad de provincia que quiere respuesta frente al centralismo que ha caracterizado las decisiones del gobierno. Reclamamos ser escuchados con dignidad”.
Finalmente, el rector anunció que el Consejo Universitario apoyará todas las acciones gremiales y llamó a construir un frente común entre autoridades, gremios, estudiantes e instituciones públicas afectadas por esta nueva forma de remuneración discriminatoria.
“No estamos defendiendo un bono, estamos defendiendo la reinstitucionalización del salario. Si se paga un bono, que sea por igual a todos. Todos tenemos el mismo derecho”, concluyó.
Redacción C.C.
08-06-2026
