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miércoles, noviembre 18, 2026

Contratos de interés público

Por: Germán Rodríguez Bustamante…

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su sección cuarta de los Contratos de Interés Público, artículo número 150, establece que: “La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que los determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías”.

En este marco el acuerdo aparentemente alcanzado con la empresa rusa Rosneft, en el cual se incrementa su participación accionaria en la empresa mixta Petromonagas, pasando del 16,67 % al 40 %, firmado por presidente Maduro en el momento que anunció el arranque del motor de Hidrocarburos y Petroquímica (alianza que no es más que una privatización al transferir capital accionario público a manos de accionistas privados), es un contrato de interés público que requiere la revisión y aprobación por parte de la Asamblea Nacional. ¿Estarán los inversionistas conscientes del riesgo que asumen al comprometerse financieramente con PDVSA, sin contar con los avales institucionales requeridos para poder ejercer derechos en caso de problemas legales futuros?.

En la satanizada apertura petrolera los contratos derivados de la misma fueron aprobados por el extinto Congreso en procesos licitatorios internacionales transparentes y esto permitió al gobierno del presidente Chávez negociar nuevas condiciones y esquemas accionarios. El desespero por obtener financiamiento en divisas los hace incurrir en errores graves en los principios básicos de toda negociación. Entendemos que la caída abrupta de los precios petroleros los haya sorprendido, sin embargo esto no puede generar una conducta tan irresponsable y de poco sentimiento nacional.

En este momento los venezolanos desconocemos los términos del acuerdo y cuál será el destino de los recursos obtenidos por el mismo; debió de presentarse una propuesta a la AN para elaborar una ley que permitiera incrementar las participaciones accionarias, en todas las empresas mixtas asentadas en los cuatro bloques de la faja, sin quebrantar la reserva constitucional, de esta manera se tendría una cuantificación clara de los recursos a recibir y definir sus uso para buscar salir del abismo en el cual se encuentra la nación.

Situación similar ocurre con el llamado motor de minería, para el cual crearon un arco minero fundamentalmente en el Macizo Guayanés y parte del estado Amazonas. Existe un preacuerdo con la empresa canadiense Gold Reserve, empresa que accionó un reclamo ante el centro de arbitraje internacional y estaba a la espera de la sentencia; el gobierno abatido buscó un convenio para evitar la condena y obtener divisas ampliando la concesión inicial otorgada a Gold en Las Cristinas con la creación de una empresa mixta.

En todo caso Venezuela debe pagar lo adeudado a la empresa más los intereses y los gastos legales incurridos hasta el momento. Este arreglo requiere de la aprobación de la AN; la falta de ésta fecunda un manto de opacidad que afecta los derechos de los inversionistas.

Nuevamente la improvisación del gobierno cunde. Debió partirse de las certificaciones mineras supuestamente realizadas por los chinos, a través de Citi Group, y definir en conjunto con la AN la estrategia y el marco regulatorio para la explotación sustentable de la actividad minera, que genera severos impactos ambientales. Después de la nacionalización del oro en el año 2011, el Estado perdió su presencia y propició situaciones lamentables como la ocurrida en la masacre de Tumeremo, la cual es la incubación del pranato de las cárceles en la actividad minera.

La desesperación para obtener flujo de divisas ha forzado al Banco Central de Venezuela a realizar operaciones de pignoración de nuestro oro monetario, para obtener financiamiento con bancas de inversión; es decir, estamos acabando con las joyas de la abuela que eran la reserva más atesorada por la nación. El directorio del BCV se olvida de su responsabilidad administrativa; la reciente modificación de la ley del BCV busca rescatar la autonomía del ente emisor para eliminar el financiamiento grosero al gobierno y que se determinen las sanciones por las decisiones tomadas por el directorio.

En conclusión, el gobierno revolucionario totalmente desesperado busca divisas comprometiendo el futuro de los venezolanos, violentando el marco regulatorio institucional, exponiendo a los inversionistas participantes en la rapiña a riesgos legales futuros elevados.

ULA – FACES
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