En los últimos 20 años la concentración y centralización del poder en el ejecutivo nacional se ha hecho más notable. Una sistemática opacidad, deficientes mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión pública en todos los niveles, ramas e instituciones adscritas al gobierno nacional son aspectos recurrentes.

La degradación de los servicios públicos, salud, alimentación, educación, combustible, infraestructura y el sistema productivo en general, ha sido consecuencia de aplicación de políticas públicas permeadas por la corrupción. Sumado a la persecución, amenaza y represión contra los que se atreven a denunciar y visibilizar el inadecuado manejo de los recursos públicos.

En consecuencia, Venezuela atraviesa por una Crisis Humanitaria Compleja, que desde el sector salud muestra una cara alarmante dada la escasez de medicamentos e insumos médicos, equipos averiados, deficiencia de reactivos para pruebas a pacientes con condiciones especiales, personal insuficiente y con salarios indignos que incide en la atención oportuna. A ello se suma las condiciones de la infraestructura hospitalaria, muchas en condiciones inhumanas y otras que quedaron inconclusas lo cual no permite brindar el servicio correspondiente a las y los ciudadanos.

Asimismo, la opacidad de la información en las estadísticas de mortalidad materna e infantil, desnutrición, incidencia de enfermedades ya erradicadas como malaria y tuberculosis, entre otras, limita la posibilidad de tomar acciones de prevención, atención y control sanitario. Lejos de fomentar un panorama salubre, expone a la población a mayores riesgos de salud.

En efecto, la corrupción es la principal causante del mal que padece el país, desde las personas que recurren a prácticas como la venta de medicamentos con circulación gratuita por el estado, (especialmente a pacientes oncológicos) hasta funcionarios de alto nivel como el tan sonado caso del ex ministro y  presidente del IVSS, Carlos Rotondaro, quien aseguró que los funcionarios pidieron que resguardara los medicamentos para distribuirlos en tiempos de elecciones. Esto ocurrió en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Julio de 2017.

Nosotros como ciudadanos, no debemos permitir estas actuaciones por parte de ningún gobierno, desde el local hasta el nacional. Para ello, contamos con herramientas como solicitud de información de las estadísticas en salud, educación, gastos públicos, ejecución de obras, entre otros ejemplos.

Además, el Gobierno Abierto nos ofrece una alternativa para la participación ciudadana en la toma de  decisiones gubernamentales donde el acceso a la información es vital para hacer propuestas con conocimiento, así como para hacer seguimiento y minimizar así las oportunidades para la corrupción.

La corrupción mata y la denuncia nos puede salvar.

Liz Rodríguez aliada de la Coalición Anticorrupción Mérida.