La pobreza persistente en los países en desarrollo no es un accidente histórico ni una simple consecuencia de falta de recursos. Es, sobre todo, el resultado de estructuras económicas que no logran sostener un crecimiento del ingreso per cápita superior al 2 o 3 por ciento anual durante largos períodos. Y sin crecimiento sostenido, la reducción estructural de la pobreza es simplemente imposible.
Durante décadas se nos ha dicho que la clave del crecimiento está en la acumulación de capital, el aumento de la fuerza laboral y la mejora de la productividad total de los factores. Esta visión, asociada a modelos de crecimiento de corte neoclásico como los desarrollados por Robert Solow, entiende el desarrollo como un problema técnico: más ahorro, más inversión, más eficiencia. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente cuando se aplica a economías donde el desempleo abierto convive con un vasto subempleo rural e informal, donde la productividad promedio es baja no por falta de talento, sino por falta de demanda dinámica y transformación productiva.
El enfoque estructuralista inspirado en la tradición de John Maynard Keynes, Nicholas Kaldor y Arthur Lewis ofrece una lectura más realista. En economías con abundante mano de obra subempleada, la productividad no es la causa inicial del crecimiento, sino su resultado. Cuando la demanda se expande, la producción aumenta; al hacerlo, absorbe trabajo de baja productividad hacia sectores modernos, lo que eleva la productividad promedio. La inversión introduce tecnología, se generan economías de escala y se activa un círculo virtuoso. Producción y productividad crecen juntas.
Pero hay una advertencia importante: no todo crecimiento reduce la pobreza. Puede existir crecimiento sin empleo, especialmente cuando los sectores dinámicos son intensivos en capital o cuando la liberalización expone a la industria local a una competencia que la obliga a aumentar productividad despidiendo trabajadores. El desarrollo no es simplemente crecer, sino crecer transformando la estructura productiva.
Aquí aparece el segundo gran eje del problema: la estructura económica. No basta con que el PIB aumente; importa cómo está compuesto. Las economías que han logrado desarrollarse han transitado desde una base agrícola hacia manufacturas con rendimientos crecientes y, posteriormente, hacia servicios complejos. En este proceso el cambio estructural no es un efecto automático del crecimiento, sino uno de sus motores principales. La tradición latinoamericana vinculada a Raul Prebisch y las ideas de encadenamientos productivos de Albert Hirschman mostraron que la especialización en materias primas perpetúa vulnerabilidades externas y limita el aprendizaje tecnológico.
Sin transformación estructural, la economía queda atrapada en sectores de rendimientos decrecientes. Y sin sectores dinámicos con rendimientos crecientes, no hay crecimiento sostenido del ingreso per cápita. Sin embargo, incluso este marco robusto en términos productivos y macroeconómicos suele omitir un componente esencial: el capital natural. Resulta llamativo que, en muchas formulaciones del crecimiento, el soporte biofísico de la economía no figure explícitamente en la ecuación. Desde la perspectiva de la sostenibilidad endógena, omitir la depreciación de los activos naturales afecta directamente el cálculo de la inversión neta y la rentabilidad real. Si un país expande su PIB agotando suelos, deforestando masivamente o sobreexplotando acuíferos, puede estar registrando crecimiento contable mientras reduce su riqueza total.
Sin incorporar la depreciación del capital natural, cualquier modelo de incentivos dinámicos presenta un sesgo econométrico. La eficiencia marginal del capital físico y humano depende, en última instancia, de la viabilidad del soporte ecológico. La productividad agrícola depende de la fertilidad del suelo; la productividad industrial, del acceso estable a energía y agua; la productividad urbana, de ecosistemas que regulen clima y riesgos ambientales. Sin base biofísica sostenible, el crecimiento se vuelve transitorio y vulnerable.
En otras palabras, la transformación estructural no puede basarse en la liquidación de activos naturales. Debe integrar la sostenibilidad como condición de largo plazo. Esto no implica frenar el desarrollo, sino redefinir la composición sectorial hacia actividades con mayor contenido tecnológico y menor intensidad de degradación ambiental. Significa que el cambio estructural del siglo XXI no es solo industrial, sino también ecológico.
A todo esto, se suma un obstáculo recurrente: la restricción externa. En muchos países en desarrollo, el verdadero cuello de botella no es la falta de trabajadores ni de empresarios, sino la escasez de divisas. Si faltan dólares, faltan insumos importados, tecnología y financiamiento. La inversión se frena y el crecimiento se desacelera. Si, por el contrario, abundan divisas por un boom de precios de las materias primas o entrada masiva de capital puede producirse apreciación cambiaria y desindustrialización.
La experiencia internacional muestra un patrón repetido: entrada masiva de capital, apreciación de la moneda, endeudamiento en moneda extranjera, expansión del crédito, y luego, abruptamente, salida de capital y crisis. La dinámica descrita por Hyman Minsky no es una excepción; es casi una regularidad en economías financieramente abiertas.
En este contexto, la política macroeconómica no puede limitarse a controlar la inflación o equilibrar el presupuesto. Un entorno macroeconómico favorable al desarrollo requiere un tipo de cambio competitivo y estable, tasas de interés reales bajas pero positivas, política fiscal coherente con el equilibrio externo y mecanismos para regular los flujos de capital. Pero también exige incorporar el balance ecológico dentro de la contabilidad nacional, de modo que la estabilidad macro no sea ficticia a costa de una descapitalización ambiental silenciosa.
Todo esto nos lleva a la cuestión del Estado. Durante años, el discurso dominante sugirió que el desarrollo depende ante todo de “buenas instituciones”, entendidas como derechos de propiedad claros y gobernanza eficiente, siguiendo líneas asociadas a Douglass North o Daron Acemoglu. Sin restar importancia a estas dimensiones, la historia económica muestra que ningún país hoy industrializado se desarrolló sin un Estado activo, capaz de crear los incentivos dinámicos para genera los niveles de inversión necesarios, proteger sectores estratégicos y ampliar su espacio de política.
Hoy, esa función estratégica debe ampliarse: no solo contribuir a la inversión productiva y a un cambio progresivo en la estructura productiva, sino también garantizar la sostenibilidad del capital natural. La política industrial del siglo XXI no puede limitarse a crear manufactura; debe promover transición energética, innovación verde, agricultura regenerativa y sistemas urbanos resilientes. La macroeconomía del desarrollo debe internalizar la variable ecológica.
Combatir la pobreza exige crecimiento sostenido. Pero el crecimiento sostenible exige transformación estructural. Y la transformación estructural, para ser duradera, debe descansar sobre una base ecológica viable. El dilema ya no es solo mercado versus Estado. Es crecimiento miope o desarrollo sostenible. Transformación profunda o expansión efímera. Crecer, sí, pero crecer sin erosionar el suelo que sostiene la prosperidad futura.
Dr. Armando José Urdaneta Montiel
29-03-2026
