La convocatoria a la marcha en defensa del Fondo de Previsión Social de los Profesores de la Universidad de Los Andes, pautada para este miércoles 12 de febrero de 2014, fue ratificada por el Consejo Universitario de esta casa de estudios.
Vale refrescar que esta manifestación de sector profesoral coincide en lugar y hora con otra marcha similar ya anunciada el pasado 20 de enero de los corrientes y aprobada por el CU. Por lo que será el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) el espacio de encuentro desde tempranas horas de la mañana.
En todo caso, las deliberaciones en torno a estas actividades planificadas con antelación a los hechos de violencia acontecidos en los últimos días, refuerzan el sentido de ambas. La supresión de una institución que ampara a las necesidades de los profesores de la ULA, aunada a la creciente inseguridad y el desabastecimiento.
Vale recordar que el detonante del escenario de protesta que tenemos actualmente, fue el intento de violación de una joven estudiante del Núcleo de Táchira. De allí, la detención de tres estudiantes y su traslado irregular a la penitenciaría de Coro sigue siendo uno de los más fuertes motivos para que se mantenga la protesta en la calle.
La espiral de los días fue capturando otras realidades del venezolano para complementar las causas de estar en la calle.
La respuesta represiva de las fuerzas policiales, tanto en Táchira como en Mérida condimentó el malestar hasta decantar la actual situación.
Ante la propuesta de la estructuración de un comunicado, la mayoría de los voceros del CU consideran improcedentes las declaraciones del Secretario de Gobierno del Estado Mérida frente a los hechos violentos y la criminalización de la protesta de los jóvenes en la calle. Insistieron en que el derecho a la protesta está contemplado en la Constitución, siempre y cuando no se salga de los parámetros y que la policía actúe en consonancia y no de forma desmedida. El comunicado insta a la prudencia al uso del verbo y los señalamientos indebidos desde la representación gubernamental local hacia las autoridades de la ULA.
En resumen, lo votado de todo lo propuesto en el CU contempla condenar la violencia indiferentemente de su origen, llamar a la prudencia y condenar los excesos, llamar al diálogo para resolver el conflicto, solicitar al ejecutivo regional asumir los parámetros de uso de armas de sus cuerpos policiales, designar una comisión que visitará a los estudiantes trasladados a la cárcel de Coro y solicitar el retorno de estos detenidos a sus lugares de residencia para el debido proceso con derecho a la defensa.
Mientras se desarrollaba el CU, los estudiantes escenificaron una nutrida marcha por calles y avenida de la ciudad de Mérida para pedir cese de la represión policial y la libertad de los estudiantes del Núcleo de Táchira.
