En no pocas oportunidades he pensado que, entre periodos lectivos de un año (que apenas alcanzan a un semestre y en algunas asignaturas -las electivas- a poco más de tres meses) e intensivos de un mes o a lo sumo 45 días continuos, nuestros pasajeros y circunstanciales estudiantes de Derecho se gradúan como abogados, pero sin tener claro ¿Qué es el Derecho? Menos aún, las distancias que median entre la Ley, el Derecho y la Justicia.
Pues bien, en este intensivo de campaña electoral, instrumentado a través de las redes sociales y contenidos de IA, al cual nos hemos visto abocados, en pleno receso universitario, por razón del cronograma diseñado por la Comisión Electoral Central, pareciera que muchos universitarios pudiéramos hallarnos en una situación similar a la de los estudiantes de Derecho, muy a pesar de no ser tan pasajeros y circunstanciales en la Universidad como ellos.
Ya no para saber y comprender de que va el Derecho, sino la Universidad misma y lo que queremos elegir. En este sentido, tan rápido ha pasado el tiempo que, salvo alguna impugnación gratuita, ya estamos próximos a elegir representación profesoral y autoridades universitarias, sin haber contado con el espacio necesario para reflexionar sobre la Universidad de la cual hacemos parte y la que aspiramos con motivo del proceso electoral en curso.
De allí la razón de ser de las interrogantes formuladas, las cuales nos invitan a pensar si en la Universidad, al igual que en el país, lo que ha de prevalecer son las personas que procuraremos elegir o resultar electos o, antes bien, las instituciones. Convencidos habríamos de estar en que es la institucionalidad, en fin, lo público antes de lo privado, lo que ha de determinar el devenir de la Universidad.
De suyo, promover en el discurso universitario una transición democrática en el país, habida cuenta de lo ocurrido desde el 99 hasta el presente, invita a unos mínimos de coherencia en lo que a nuestro Asilo de Libertades respecta.
Por consiguiente, los universitarios y, con mayor razón, los que somos candidatos, habremos de tener claridad en cuanto a que la democracia no se agota en los votos y, por tanto, en el principio de las mayorías, sino que atiende, sustancialmente, a la realización de un proyecto que se funda en las libertades y los espacios de libertad de quienes eligen o aspiran a elegir, con lo cual, el elegido representará a quienes votaron por él (mayorías) y quienes no (minorías), finalmente, a la institución en atención a la cual se ha postulado como consejero o autoridad universitaria.
No es suficiente alcanzar el poder o mantenerlo, se requiere mucho más que ello, sobremanera en garantía de una institucionalidad consustanciada con la materialización de las aludidas libertades. También, en mayor medida, que la Universidad se corresponde con fines académicos y espirituales, los cuales trascienden y condicionan los proyectos de quienes aspiran a gobernarla y sus potenciales electores.
Su misión va más allá de la docencia y del acto de graduar profesionales, cuanto más de hacer política para otros propósitos. Basta pasearse por los primeros cuatro artículos de la vigente Ley de Universidades, la cual, al decir de la Ministra de Educación Universitaria, ha de reformarse o sustituirse.
Tales normas invitan a pensar el momento electoral, así como a tener muy presente que el país no va a cambiar si la Universidad no lo hace. Aquel es el reflejo de esta. Con lo cual, huelga decirlo, se impone el deber de sustituir las viejas formas de hacer política, tanto en la campaña como en el ejercicio del gobierno y cogobierno. Conviene no extraviarse, pues la Universidad, los universitarios y los venezolanos no precisamos de héroes, redentores y próceres: requerimos instituciones y libertades.
Prof. Francisco Ferreira de Abreu
Universidad de Los Andes
23-09-2026
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