Por: Douglas C. Ramírez Vera…
La desigualdad económica no solo afecta el crecimiento de un país, sino que también erosiona los fundamentos de la democracia y la justicia social. Según el economista Daniel E. Ortega A., la desigualdad persistente es casi sinónimo de desigualdad de oportunidades. Un estancamiento en la reducción de la desigualdad puede generar una mayor conflictividad social, especialmente en naciones que han experimentado un período de progreso. Este fenómeno ayuda a explicar eventos como el Caracazo en Venezuela en 1989 y los disturbios de Chile y Colombia en 2021, que ocurrieron después de etapas de crecimiento económico que no lograron sostener la equidad.
La crisis institucional en Venezuela ha revelado el colapso de las estructuras políticas y económicas, así como la erosión de los vínculos éticos que sustentan la vida democrática. En este contexto, el debate sobre la redistribución adquiere una urgencia renovada. Sin embargo, en Venezuela, esta redistribución ha estado marcada por el asistencialismo y la captura institucional, donde las transferencias económicas han generado dependencia en lugar de empoderamiento ciudadano. La desigualdad estructural en el acceso a la educación, la salud y la participación política ha limitado el desarrollo humano, evidenciando que el problema es más profundo que la simple falta de recursos.
Para abordar esta complejidad, es útil recurrir a dos marcos teóricos que ofrecen una visión más amplia de la justicia: el enfoque de las capacidades de Amartya Sen y la visión comunitaria de la justicia de Michael Sandel.
Sen propone que el desarrollo debe medirse por la capacidad real de las personas para llevar las vidas que valoran. Su teoría se centra en las «capacidades», es decir, las libertades efectivas que tienen las personas para ser y hacer. La pobreza, desde esta perspectiva, es una privación de capacidades. Por lo tanto, la justicia social exige expandir estas libertades, no solo mediante la redistribución de ingresos, sino a través del acceso a la educación pública, la salud universal y los activos productivos. Su enfoque es pluralista, ya que no impone una visión única de «vida valiosa», sino que reconoce que la evaluación de las capacidades debe ser sensible al contexto cultural y social. El problema no es solo redistribuir ingresos, sino fortalecer las capacidades. Esto implica superar el asistencialismo y diseñar políticas que premien el esfuerzo y la capacitación.
Por otro lado, Michael Sandel critica el liberalismo que ve la justicia como algo neutro y propone que esta debe estar arraigada en la comunidad, la historia y los vínculos morales. Inspirado en Aristóteles, Sandel defiende que la justicia implica dar a cada quien lo que merece, según su contribución y virtud. Advierte que la transición de una «economía de mercado» a una «sociedad de mercado» erosiona los valores cívicos, pues todo se compra y se vende. Para Sandel, la justicia social requiere reconstruir los lazos éticos que sostienen la vida democrática. Esto significa fomentar el debate público, la participación ciudadana y la educación cívica. Desde su perspectiva, la redistribución no debe ser una simple transacción, sino una reciprocidad democrática.
Los enfoques de Sen y Sandel coinciden en que la justicia social exige instituciones inclusivas que trasciendan el mero tecnicismo. En Venezuela, esto implica reformas fiscales progresivas, mayor transparencia y rendición de cuentas, y la creación de mecanismos de participación ciudadana. La redistribución debe ir de la mano con una transformación institucional que empodere al ciudadano, permitiendo que el tejido productivo y social se desarrolle de forma autónoma, sin ser una extensión del clientelismo.
En conclusión, el problema de la desigualdad en Venezuela no es solo un reto económico, sino también ético e institucional. Amartya Sen nos invita a centrar el desarrollo en las capacidades humanas, mientras que Michael Sandel nos recuerda la importancia de los vínculos morales y la virtud cívica. Ambos autores ofrecen un horizonte para reconstruir políticas inclusivas y una ciudadanía activa, capaz de reinventar el sentido de lo público y reconstruir una sociedad basada en la justicia y la dignidad.
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-5282-0006
30-08-2025
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