De la expropiación a la privatización

Por: Germán Rodríguez Bustamante…

La coyuntura actual fuerza a la coalición  en el poder a realizar un giro pragmático en su política económica, tras casi más de dos décadas de estatizaciones y expropiaciones masivas, el interinato ha iniciado un proceso formal e informal para privatizar activos estatales no esenciales y restituir empresas confiscadas a sus antiguos dueños. La metáfora es dolorosa para los  ciudadanos quienes tendrán que asumir la carga por la incapacidad, negligencia y corrupción. Para los revolucionarios tragar saliva frente a una de sus banderas ideológicas históricas, por necesidad fiscal no es ninguna traición al legado. En concreto escupieron al aire y en este momento la saliva la tienen en la cara, obligándolos a revertir una política que dejó a cientos de empresas inoperativas y generó deudas multimillonarias. Según registros de Conindustria, existen alrededor de 902 empresas inventariadas que podrían entrar en este esquema. Cerca del 75 % corresponde al sector primario y agroalimentario, además de industrias manufactureras, de autopartes, plásticos y textiles.

En la mayoría de los casos, la informalidad se ejecutó a través de alianzas estratégicas amparadas en la ley antibloqueo, donde el Estado mantenía la propiedad nominal pero cedía la operación y las ganancias a contratistas sin licitación pública. El Estado no cuenta con recursos para sostener empresas deficitarias ni para cubrir los pasivos acumulados. De acuerdo con estimaciones, Venezuela arrastra una deuda superior a los 30.000 millones de dólares derivada de demandas y arbitrajes internacionales por expropiaciones pasadas. En el olvido quedaron las expresiones de un rey tropical: exprópiese sin medir consecuencias. Por otro lado ni una gota de petróleo para el imperio, jamás colocaran un pie en territorio venezonalo, la defensa con la vida la invasión imperial y demás historias delirantes que buscaron impresionar y manipular. En este momento esas palabras declaradas con fuerza de insultos ruidosos, se convierten en susurros extraviados.       

La publicación de listas de bienes confiscados entregados en la oscuridad jurídica y financiera deben hacerse públicas, los términos y los beneficiarios requieren escrutinio. La ley antibloqueo permite declarar como reservados, confidenciales o de divulgación limitada, cualquier expediente, acto, contrato o negocio jurídico realizado bajo su amparo. Expertos señalan que la norma permite firmar acuerdos petroleros, mineros o de privatización de activos sin la autorización previa de la A.N., contraviniendo atribuciones exclusivas del poder legislativo establecidas en la Constitución. A pesar de que la A.N. actual, es una cofradía inutil, una especie de manada manejada desde su presidencia cuál pastor de rebaño. Es público y notorio las condiciones inoperantes de la gran totalidad de empresas, hatos e iniciativas expropiadas, lo preocupante es que no existe la determinación clara de los responsables, por el quiebre de empresas que eran productivas y rentables antes de la expropiación. Triste pero fue una repartición de activos a seguidores que las saquearon.       

El giro actual busca formalizar la transferencia de propiedad para atraer capitales y brindar seguridad jurídica. Lamentablemente estas acciones exigen requisitos adicionales, que la simple aprobación de una AN servil no puede resolver. En primer lugar, debería existir una comisión oficial que revise el inventario de activos públicos, para separar los que el Estado considera estratégicos como áreas medulares de petróleo o servicios básicos, de los no esenciales, plantas agroindustriales, hoteles, fábricas o terrenos. Instancia que debe asumir y controlar la comisión de diálogo. En segundo lugar, es fundamental verificar el estado de algunas expropiaciones ya que,  algunas no se completaron o quedaron inconclusas, si nunca se pagó la indemnización justa. En los casos inconclusos, el Estado puede anular o revertir el acto administrativo para devolver el bien. En tercer lugar,  antes de vender se exige calcular el precio base mediante al menos dos avalúos independientes, uno sobre el valor físico de los bienes terrenos, maquinaria y otro bajo el criterio de empresa en marcha si sigue operativa. Y por último, clarificar quién asumirá las deudas acumuladas durante la gestión estatal, pasivos laborales, deudas con proveedores o impuestos atrasados, un punto clave porque muchas plantas están descapitalizadas.

El mayor obstáculo del proceso es la tensión entre rapidez y transparencia. Mientras el marco de la ley antibloqueo permite adjudicaciones directas y confidenciales para agilizar la llegada de capital, los inversionistas institucionales suelen exigir licitaciones abiertas, auditorías claras y garantías legales en el marco de la Constitución, para asegurar que una futura administración no vuelva a desconocer los contratos. Mientras esto avanza, en el CIADI las demandan representan uno de los mayores pasivos financieros de Venezuela y son el principal motor detrás de la actual política de restitución de activos, el país acumula más de 50 casos históricos y una deuda por arbitrajes y expropiaciones que supera los 30.000 millones de dólares. Es razonable intentar desestimular las demandas internacionales, pero esto requiere transparencia y rendición de cuentas. Estas condenas no son solo cifras en papel, tienen consecuencias directas que condicionan el proceso de privatización actual. 

En las rondas de negociación y privatización actuales, los asesores financieros y el interinato evalúan esquemas donde los tenedores de laudos, acepten desistir del cobro en efectivo a cambio de recibir de vuelta sus antiguas empresas, obtener participaciones accionarias o adjudicarse nuevos contratos de explotación, especialmente en hidrocarburos y minería. Ningún inversionista privado comprará una empresa expropiada si existe el riesgo de que el dueño original tenga un litigio abierto en el extranjero sobre ese mismo bien. Por eso el interinato tenebroso prioriza negociar primero con los antiguos propietarios, para cerrar los expedientes arbitrales antes de subastar los activos a terceros. La realidad es que estos esquemas financieros son la aplicación de un modelo liberal agresivo, SWAPS para cambio de deudas por activos. Demandas por activos y contratos, bonos en atraso por participación accionaria y deuda comercial por participación en empresas mixtas.

Malabarismo financiero a costa del sacrificio de los ciudadanos: servicios públicos ahora privatizados a precios de EUR, salarios de hambre sin indexación alguna y reformas fiscales sobre los hombros del pueblo, mientras la elite se protege de una tormenta producida por ellos mismos. Los venezolanos exigen y demandan responsables por esta astucia, el cambio político es más que necesario, es impostergable para que los responsables no queden tapados por un suṕuesto esquema financiero perfecto.     

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14-11-2026

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