Por German Rodríguez Bustamante…
En sistemas democráticos tradicionales, la rendición de cuentas y el libre acceso a la información son pilares fundamentales. En modelos autoritarios como el venezolano, la opacidad revolucionaria hace que el Estado justifique el secreto como una necesidad estratégica, para proteger el proceso político de supuestos enemigos internos o externos. La reserva de la información no se presenta como corrupción, sino como una herramienta de defensa nacional. Se argumenta que revelar datos económicos, sociales o militares fortalece al enemigo. De acuerdo a esa lógica el régimen en el poder en Venezuela, aprobó instrumentos legales para legalizar la oscuridad, como la Ley Antibloqueo.
En paralelo se eliminan o debilitan los organismos independientes de fiscalización. Las decisiones de gasto público e infraestructura se toman de forma discrecional. Las estadísticas oficiales de inflación, delincuencia, salud y pobreza suelen suspenderse, retrasarse o maquillarse para mostrar únicamente narrativas que favorezcan al relato oficial. Para agregar mayores tinieblas, el acceso a los datos reales queda restringido a una pequeña élite política o militar, lo que impide el debate público informado.
Estas estrategias han producido una gran corrupción en el país. Venezuela se mantiene entre los países con peores calificaciones a nivel mundial, en materia de probidad administrativa y transparencia pública. Para el año 2.026, los informes globales reafirman el estatus de Venezuela, como uno de los países con mayor corrupción sistémica del planeta. El país sigue sumido en una crisis institucional que mantiene desmantelados, los mecanismos tradicionales de control fiscal y rendición de cuentas.
En el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado por Transparencia Internacional en febrero de 2.026, Venezuela obtuvo por segundo año consecutivo una calificación de 10 puntos sobre 100. Se ubicó en el puesto 180 de 182 países, superando únicamente a Sudán del Sur y Somalia. Con este récord es fácil predecir o prever la situación delicada que muestran todos los servicios públicos.
Fiscalías extranjeras, tribunales y organismos internacionales estiman que más de 70.000 millones de dólares, vinculados a la corrupción pública venezolana están siendo investigados o rastreados en cuentas del exterior. El sector petrolero con su empresa matriz PDVSA, lidera históricamente el desvío de fondos públicos con más del 80 % de los casos. Para el venezolano común, la corrupción sistémica no es una cifra abstracta, sino un factor directo que precariza el día a día. Al desviar fondos públicos de gran escala, se genera un impacto severo que vulnera los derechos humanos esenciales y destruye la calidad de vida de la población.
La falta de mantenimiento e inversión por desvío de recursos provoca escasez crítica de insumos médicos, fallas estructurales en hospitales públicos y la imposibilidad de recibir tratamientos continuos o complejos de forma gratuita. El desvío sistemático de presupuestos millonarios y la falta de controles técnicos se traducen hoy en autopistas intransitables, megaproyectos de transporte abandonados sin responsables y comunidades enteras sin acceso regular a luz o agua.
El saqueo perpetrado como estrategia de gobierno, fue sostenido bajo una estructura legal que protegía, instituciones de control y de fiscalización complacientes y fuerzas represivas para silenciar las denuncias. Luego de los hechos del 03 de enero del presente año, la posibilidad de un cambio fundamental, sobre todo en materia de rendición de cuentas y disponibilidad de información, muy rápido se desvaneció.
La coalición en el poder bajo la tutela, sobrevive haciendo caso, no necesita transparencia, por el contrario la opacidad americana le sirve para ocultar la propia. Una de las principales críticas de investigadores y periodistas es la falta de especificidad en los anuncios políticos de la Casa Blanca. Los comunicados se hacen omitiendo detalles técnicos, expedientes claros y desgloses de los fondos bloqueados en territorio estadounidense, vinculados a redes corruptas venezolanas.
Esta falta de transparencia interna en el sistema corporativo estadounidense fue aprovechada durante años, por los operadores y testaferros financieros del chavismo, para ocultar el dinero desviado de PDVSA, mediante la compra de inmuebles de lujo, yates y acciones empresariales, sorteando los controles bancarios regulares. Analistas señalan que la diplomacia actual entre Washington y los representantes de Caracas, genera mucha incertidumbre en la población.
Existe un marcado rechazo a la ambigüedad en torno a los acuerdos petroleros, las licencias otorgadas a transnacionales y el manejo de fondos en las mesas de diálogo. Mientras los discursos oficiales de la administración venezolana mantienen una retórica confrontativa, en la práctica sostienen relaciones de trabajo pragmáticas con Washington. La falta de información oportuna sobre qué se negocia o qué concesiones se otorgan alimenta la percepción de una opacidad compartida, donde los intereses geopolíticos y energéticos, predominan sobre la transparencia institucional de cara a la ciudadanía.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU. (GAO) juega un rol fiscalizador directo, sobre las agencias federales estadounidenses que administran los recursos financieros y la ayuda humanitaria, relacionada con la crisis de Venezuela. Existe preocupación entre legisladores estadounidenses, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU., aparentemente no cuenta con los controles financieros, ni de lavado de dinero suficientes.
La GAO investiga la ruta de estos recursos, que inicialmente pasaron por cuentas en Catar y luego a cuentas controladas por el Tesoro, para asegurar que no financien actividades ilícitas y que realmente le lleguen a la población. Los venezolanos demandan transparencia y rendición de cuentas claras, el control energético y geopolítico americano no puede utilizarse, para agregar más oscuridad en la gestión de los recursos.
Son muchos años de opacidad que derivaron en un saqueo masivo de fondos públicos, que sentenciaron a los ciudadanos a la miseria colectiva. El favor del 03 de enero debe completarse con la salida de toda la cúpula delincuente y corrupta.
@germanoveja
@germanrodri
31-08-2026
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