Esta propuesta traza una ruta disruptiva para Venezuela, enfocada en quebrar la actual tutela geopolítica mediante una reingeniería institucional que rescate la praxis económica bajo el paradigma de la sostenibilidad endógena. Se sostiene que la reconstrucción nacional no puede depender de decretos externos de origen opaco, sino de un fortalecimiento real del capital humano y natural, partiendo de una necesaria transformación ontológica del ser. El proceso demanda, como cimiento ineludible, el retorno al Estado de derecho para atraer la inversión hacia sectores estratégicos y servicios básicos. Mediante una planificación de doble flujo con enfoque biorregional y el impulso de conglomerados productivos, se busca alcanzar una convergencia nacional que fundamente una soberanía auténticamente productiva y resiliente.
La crisis institucional que atraviesa Venezuela no se agota en las cifras macroeconómicas; es, en esencia, el resultado de la erosión del Estado, encontrando su epítome en la intervención estadounidense del pasado 3 de enero, en adelante, regida por lineamientos impuestos por ese país. Esta condición de tutela geopolítica abre nuevos escenarios en el contexto de la política económica nacional, convirtiéndola, en una primera instancia en una respuesta reactiva ante el pronunciado deterioro del aparato productivo, la infraestructura y la sociedad nacional, ilustrada en los niveles de pobreza que alcanzan el 82,8 % (UCAB, 2024) y la diáspora de 7,77 millones de su población (R4V, 2024). Para romper esta inercia, se hace imperativo repensar la praxis económica y con ello, su rediseño. No se trata de simples reformas técnicas, sino de una profunda reingeniería que asuma la soberanía como el resultado natural de la eficiencia productiva y de un marco democrático sólido que la sustente. Ello debería converger en torno a la sostenibilidad endógena territorial. Empero, es necesario se produzca un cambio actitudinal generalizado, en particular, del agente económico.
Como bien señaló Max-Neef (1993), el desarrollo solo es auténtico cuando emana de la autonomía y se orienta a la satisfacción de las necesidades humanas desde su propia base local. En nuestro contexto, esta transición requiere una mutación ética y filosófica del ser, donde el ciudadano deje de ser un espectador de la renta para convertirse en el arquitecto de un crecimiento resiliente, consciente y, por ende, sostenible, donde el capital humano y natural de la nación se internalice como su activo de mayor valía.
La reconstrucción del Estado, fundamentada en la reingeniería de su institucionalidad, es la condición sine qua non para recuperar la confianza basada en resultados palpables que logren incentivar la inversión nacional y atraer la extranjera, creando de este modo el ambiente de bienestar necesario para potenciar las capacidades proactivas y productivas de la ciudadanía. Ello no se remite a restaurar estructuras erosionadas, sino de rediseñar instituciones sólidas sobre las ruinas de un modelo que las debilitó y, en algunos casos, destruyó. Esta base institucional constituye el cimiento para la atracción de inversión y garantizar la seguridad ciudadana, pilar básico para el bienestar colectivo y la proyección de Venezuela como un destino confiable para la inversión de capitales.
Bajo una praxis económica con visión de futuro, el rescate de la infraestructura hídráulica, eléctrica y vial, junto al desarrollo de una red ferroviaria nacional, actúan como vectores estructurales del aparato productivo. Aquí, la convergencia de políticas públicas debe integrar la variable hidrometeorológica como eje transversal; el cambio climático compromete hoy la seguridad hídrica de los centros urbanos donde reside el 92 % de la población (Banco Mundial, 2023), afectando la provisión de servicios ambientales esenciales para el consumo humano, la industria y la actividad agroproductiva.
De este modo, debemos retomar la lucidez de Baptista (2010) sobre el agotamiento del modelo rentista. Solo un Estado eficiente podrá abrir cauce para que el capital productivo asuma el liderazgo mediante una planificación de doble flujo con enfoque biorregional mediante el reconocimiento de los atributos biofísicos, ecohidrológicos y culturales propios de cada espacio territorial; por ende, las políticas de desarrollo deben partir de estas particularidades. Bajo esta lógica, los recursos naturales actúan como palancas de diversificación, reduciendo los costos de transacción para que el potencial geográfico se transforme en riqueza real (North, 1990). Este saneamiento estructural es el que permitirá equilibrar la balanza comercial, reduciendo la dependencia externa mediante una sustitución de importaciones estratégica, eficiente y consecuente con las realidades y necesidades de la población.
La sostenibilidad territorial implica la gestión integral de los suelos, las aguas y la biodiversidad, entendiendo que el potencial económico nacional trasciende lo petrolero y minero, para incorporar con su debido peso específico, lo agropecuario, forestal y turístico. Esta visión sistémica coincide con el planteamiento de Gutiérrez (2005) sobre el robustecimiento de los circuitos agroalimentarios como componente estratégico en torno a la mitigación de la vulnerabilidad externa, en particular, la seguridad alimentaria. En este sentido, es fundamental el autoabastecimiento en rubros clave como el maíz, el arroz, el plátano y el sorgo que, junto a una horticultura andina, centro-costera y oriental de montaña, sean capaces de satisfacer la demanda del mercado nacional. No obstante, tal robustecimiento es inviable si el productor no cuenta con una arquitectura de soporte que incluya certidumbre jurídica, infraestructura de apoyo, acceso a tecnología y capacitación.
La superación de la tutela geopolítica que hoy condiciona a Venezuela no depende de concesiones externas, sino de una reingeniería de la praxis nacional que nazca de nuestra propia realidad. Recuperar la soberanía implica, necesariamente, edificar una institucionalidad democrática capaz de ofrecer certidumbre y blindar tanto la seguridad jurídica como la ciudadana. Es perentorio entender que la sostenibilidad endógena no es un repliegue, sino la base para atraer la inversión tanto nacional como extrajera en el contexto de la resiliencia macroeconómica global y climática. En este sentido, un nuevo modelo de desarrollo debe permitir que el Estado central actúe solo como acompañante para la coordinación sinérgica de los planes locales, dejando atrás el intervencionismo para dar paso a una planificación de doble flujo donde las biorregiones y sus localidades sistémicas sean las protagonistas.
Solo mediante la creación de conglomerados productivos y una convergencia económica que armonice el bienestar en todo el territorio, podremos superar la actual fragmentación. Sin embargo, este esfuerzo técnico exige, como condición previa, la transformación ontológica de la sociedad: el tránsito definitivo del espectador de la renta al arquitecto consciente de su propio progreso. La soberanía se ejerce, en última instancia, a través de una gestión responsable de los recursos y un sistema educativo que, mediante la extensión universitaria, forme ciudadanos proactivos. Solo así Venezuela logrará transformar su potencial humano y geográfico en una realidad productiva, resiliente, sostenible y auténticamente libre de tutelajes.
Referencias
Banco Mundial. (2023). Población urbana (% del total) – Venezuela, RB. World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=VE
Baptista, A. (2010). Teoría económica del capitalismo rentístico. Banco Central de Venezuela.
Gutiérrez, A. (2005). Reformas económicas, sector agroalimentario y pobreza rural en Venezuela. Universidad de los Andes.
Max-Neef, M. (1993). Desarrollo a escala humana. Editorial Nordan-Comunidad.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
R4V. (2024). Refugiados y Migrantes de Venezuela. Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes. https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
UCAB. (2024). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2024). Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Católica Andrés Bello.
Enrique Pacheco Graf
Doctorado en Economía Aplicada-ULA
15-02-2026
