Cuando Alex Saab fue finalmente deportado de Cabo Verde a Estados Unidos en 2021 y se conoció su ficha policial como arrestado, por primera vez los venezolanos vieron su rostro a detalle. Antes, había salido en un par de fotografías apenas en los reportajes de Armando.info. Pero entonces ya se supo que tenía el cabello largo, el cuello ancho y un rostro muy alejado de la imagen de galán que divulgaba la propaganda del #FreeAlexSaab. Ahora en 2026, Saab está más flaco, con barba canosa y un rostro que había dejado de ocultarse.
Así como su imagen cambió en estos años, la acusación criminal presentada en una corte federal del Distrito Sur de Florida contra Alex Saab también abre un expediente distinto al que EEUU formuló en 2019, aunque ambos casos comparten un punto central: la Fiscalía sostiene que el empresario colombiano usó el sistema financiero estadounidense para lavar dinero proveniente de hechos de corrupción vinculados con Venezuela.
El documento más reciente fue presentado el 14 de enero de 2026, dos días antes de que Delcy Rodríguez destituyera a Saab del gabinete ejecutivo, donde ocupó el cargo de Ministro de Producción Nacional. La acusación tiene apenas cinco páginas y detalla que Saab conspiró para lavar dinero.
Los dos indictments, el de 2019 y el de 2026, coinciden en lo esencial: mismo tribunal (Distrito Sur de Florida), mismo acusado principal (Alex Nain Saab Morán), mismo cargo base (conspiración para lavar dinero bajo) y la misma jurisdicción establecida por el uso del sistema bancario estadounidense como vía de tránsito del dinero ilícito. En ambos casos, la actividad ilegal específica (specified unlawful activity) incluye soborno a funcionarios venezolanos y apropiación indebida de fondos públicos. Pero luego vienen todas las diferencias.
El documento hecho público por la juez Marty Fulgueira Elfenbein solo muestra uno de posiblemente cinco acusados. En la audiencia del lunes dijo que la acusación se publicaría pero «redacted», es decir tapando elementos entre ellos los co-conspiradores. Son nombres que se mantienen en reserva porque Estados Unidos aún no los tiene bajo custodia.
El indictment de 2026 tiene cinco páginas, parte de la información está tachada y no detalla operaciones bancarias específicas. El de 2019 tenía 14 páginas, identificaba a dos acusados —Saab y Álvaro Pulido Vargas, ahora detenido en Caracas— y enumeraba siete transferencias concretas, con fechas, montos y cuentas bancarias.
El nuevo documento acusa a Saab de participar, desde octubre de 2015 hasta enero de 2026, en un esquema para enriquecerse mediante la corrupción del programa CLAP, creado para distribuir alimentos subsidiados en Venezuela. Según la Fiscalía de EEUU, los conspiradores pagaron sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos lucrativos de importación de alimentos desde países como Colombia y México. La Fiscalía sostiene que esos contratos fueron obtenidos bajo falsas premisas y ejecutados mediante empresas ficticias, facturas falsas, registros de embarque falsos, otros documentos fraudulentos, sobornos y pagos indebidos.
La acusación sostiene que esos contratos fueron ejecutados con empresas ficticias, facturas falsas, registros de embarque falsos y otros documentos fraudulentos. En lugar de entregar completamente los alimentos contratados, los conspiradores habrían desviado «cientos de millones de dólares» que debían usarse para comprar comida para venezolanos necesitados.
Ese es el primer cambio clave frente al caso de 2019. Aquel expediente no se centraba en el CLAP, sino en un contrato de viviendas de interés social firmado en noviembre de 2011 –las «petrocasas» nunca entregadas. La Fiscalía dijo entonces que Saab, Pulido y otros socios usaron un mismo cargamento de materiales de construcción para simular varios envíos y cobrar dólares a través de Cadivi por bienes que no habían entrado realmente a Venezuela.
El segundo cambio es que el caso de 2026 añade una fase petrolera. De acuerdo con el documento, a partir de 2019 las sanciones de EEUU afectaron las exportaciones venezolanas, especialmente las de petróleo, y las autoridades venezolanas tuvieron dificultades para pagar a empresas extranjeras que suministraban alimentos al CLAP.
Ante esa situación, dice la acusación, los conspiradores usaron su acceso e influencia sobre funcionarios venezolanos para acceder y vender «miles de millones de dólares» en crudo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Las ganancias de esas ventas, según la Fiscalía, fueron transferidas hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para seguir financiando el esquema del CLAP.
Otro cambio está en el nivel de detalle. La acusación de 2019 decía que entre marzo de 2012 y diciembre de 2014 se movieron aproximadamente 350.041.500 dólares desde cuentas en Venezuela controladas por Saab y Pulido, a través de bancos corresponsales en Estados Unidos, hacia cuentas en el exterior. Además, enumeraba siete transferencias desde Panamá hacia una cuenta de Citibank en Florida, por montos entre 10.915 y 100.000 dólares.
La acusación de 2026 no incluye ese tipo de lista. No identifica cuentas, no enumera transferencias individuales y no ofrece montos específicos por operación. Se limita a sostener que parte del dinero presuntamente ilícito fue gastado u ocultado mediante transferencias hacia y a través de bancos en Estados Unidos. Puede ser porque es una acusación inicial, y no por falta de elementos de la investigación. Después de todo, la acusación la hace un Gran Jurado que ya decidió, vistas las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia, que hay elementos suficientes para pensar que se cometieron los delitos señalados.
También cambia el marco legal. En 2019, la Fiscalía citó expresamente la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la ley estadounidense contra prácticas corruptas en el extranjero, como una de las actividades ilegales subyacentes. En 2026, esa ley no aparece mencionada. El nuevo documento sostiene el caso sobre fraude electrónico y delitos contra Venezuela, específicamente soborno a funcionarios públicos, apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos.
En términos sencillos, el caso de 2019 decía esto: Saab y Pulido habrían pagado sobornos para que funcionarios venezolanos aprobaran documentos falsos sobre importaciones de materiales de construcción. Con esos documentos, habrían obtenido pagos en dólares por productos que no llegaron al país.
El caso de 2026 dice algo distinto: Saab y otros acusados habrían usado sobornos para obtener contratos del CLAP, simular o manipular importaciones de alimentos, quedarse con parte del dinero destinado a esas compras y, luego, usar petróleo de Pdvsa para sostener el esquema cuando las sanciones complicaron los pagos.
En ambos casos, el punto que permite a EEUU llevar el expediente es el mismo: el uso del sistema financiero estadounidense. La Fiscalía no acusa directamente a Saab por corrupción en Venezuela, sino por conspirar para lavar dinero mediante transferencias que pasaron por cuentas o bancos en Estados Unidos.
El caso de 2019 también incluía una pretensión de decomiso mucho más precisa. La Fiscalía buscaba recuperar aproximadamente 350.041.500 dólares, además de varios montos incautados entre agosto de 2018 y febrero de 2019. En la nueva acusación, el apartado de decomiso es más general: EEUU avisa que intentará confiscar bienes involucrados en la presunta conspiración o rastreables a ella, pero no identifica cifras concretas ni propiedades específicas.
El primer indictment contra Alex Saab terminó sin juicio porque el 20 de diciembre de 2023 el gobierno de Joe Biden lo liberó y le concedió clemencia como parte de un intercambio con la administración de Nicolás Maduro. Saab, que estaba detenido en EEUU a la espera de juicio, fue enviado de regreso a Venezuela a cambio de la liberación de 10 estadounidenses presos y de la entrega a Washington de Leonard Glenn Francis, conocido como «Fat Leonard», un contratista fugitivo vinculado a un escándalo de sobornos en la Armada estadounidense.
https://talcualdigital.com/que-cambio-en-la-nueva-acusacion-de-eeuu-contra-alex-saab/
19-05-2026
