Por: Juan Carlos Delgado Barrios *
Debemos comenzar diciendo que condenamos a la especulación y la usura y, que dentro de esta perspectiva, recordamos que hasta el más consumado delincuente tiene el derecho, antes de ser condenado y ejecutada su condena, al debido proceso y al derecho a la defensa. Así mismo, puntualizamos que es de doctrina jurídica que todos los ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales institucionalizados en el poder judicial.
Entendemos la lucha contra la especulación y la usura, lo que no aceptamos ni compartimos es la metodología usada para combatirla. Para combatirla en Venezuela existen las leyes y las instituciones para investigar y castigar ese delito, es por ello, que promover actos compulsivos y de violencia social desde el gobierno para combatir ese flagelo es una abierta declaración de impotencia para aplicar el estado de derecho, nos recuerda aquella triste frase de Hugo Chávez: “el que tenga hambre que robe” frase que abrió las puertas para se desastara y se justificara la delincuencia en Venezuela. Hoy Venezuela es el país más inseguro de America y tercero más violento del mundo.
Así mismo, sostenemos que en el momento que las sociedades colocaron como arbitro a la ley abandonaron la barbarie, o sea abandonaron la práctica brutal de hacer justicia por sus propias manos, – las venganzas personales ante la ausencia de la institucionalidad de la justicia -. ¿Que diferencia existe, entonces, en el acto del linchamiento de un violador por la turba enfurecida con el saqueo de un especulador por parte de la gente exaltada o inducida desde el alto poder?, no hay ninguna diferencia. En ambas se impone la barbarie, la locura colectiva. La ruptura del estado de derecho.
Cuando Nicolás Maduro como presidente y miembro del poder ejecutivo ordeno castigar a las empresas comercializadoras de artefactos eléctricos, ferreterías, caucheras, entre otras, con la venta a “precios justos” de los productos que comercializan por el delito de usura y especulación, asumió para si el rol de juez y parte, juzgo y condeno sin acatar el estado de derecho que debe respetar y hacer respetar. No hubo en ese “juicio popular” el debido proceso mucho menos derecho a la defensa, solo un grito de guerra: – “que queden los anaqueles vacíos”-, chispa que encendió la pradera para que la gente saliera a “saquear” “con orden y protección” de los cuerpos de seguridad del Estado. Maduro promovió un acto de barbarie.
Con ese acto de barbarie Maduro abrió la Caja de Pandora, “desato los diablos” de la desobediencia a las leyes y a los códigos de convivencia civilizada, dio un paso para la generación de un estado de anarquía que de ahora en adelante se sabe como comienza pero no se sabe como va a terminar. Le recordamos a Maduro, que cuando se juega con candela siempre el jugador sale chamuscado. Hemos entrado en un espiral de violencia y caos social inducido para atemorizar a la población, al empresariado específicamente. Violencia inducida que cuando viene del mismo gobierno configura terrorismo de Estado por la violación de los derechos humanos y ciudadanos.
Vivimos aún en una república con estado de derecho y de justicia, así lo establece la Constitución Nacional. El artículo 2 constitucional expresa “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.Y el artículo 7 constitucional establece. “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”
Maduro actúo bajo los influjos de la emoción desacatando este mandato constitucional., lo que lo coloca al margen de la ley, profundizando la inseguridad jurídica, en consecuencia, acrecentando la desconfianza a los inversionistas, tanto nacional como internacional, lo que se traduce en perdidas de oportunidades para la creación de empresas y, lo más grave cierres de comercios. En cualquier economía la confianza sustentada en las libertades económicas, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad son factores que definen el riesgo país. Venezuela es un país con el más alto nivel de riesgo país de America.
Estamos en las postrimerías de la muerte del libre comercio, de las libertades económicas. Esto indudablemente deriva en condiciones perniciosas para la ya maltrecha economía venezolana. Se agudizara el desabastecimiento, la escasez, el desempleo y, con ello, la pobreza colectiva. El mismo escenario sucedió con el sector agroalimentario con la confiscación, “estatización”, de fincas y fabricas, hoy son grandes extensiones de tierras productivas y de alta vocación agrícola abandonadas y galpones cerrados, destruyeron centenas de miles de puestos de trabajo, pero lo más significativo es que han sustituido la producción agroalimentaria nacional con un plan de importaciones que supera el 87% de lo que consumimos, lo que deriva en pleno empleo para los países que nos abastecen y desempleo en el nuestro. El Estado se ha convertido en comerciante importador dejando de ocuparse en otras tareas que le son propias para el bienestar de la sociedad venezolana.
El afán de controlar los medios de producción justificada en la perspectiva socialista totalitaria: “destrucción de la burguesía y su aparato productivo” tal como lo ejecuto la Revolución Cubana en las década de los 60 se repite en Venezuela bajo el tutelaje y planificación de los comisarios políticos habaneros. Muchos no creyeron que el castrocomunismo llegaría a Venezuela, ahora, amigos lectores, convénzanse ya lo estamos viviendo.
*Profesor Titular (Jubilado) de la Universidad de Los Andes;
@juancdula, juancdula@yahoo.es ;
