Por: German Rodriguez Bustamante…
El gobierno en ejercicio del poder en Venezuela por la fuerza de medidas coercitivas, pasó de una posición de control estatal de todas instituciones, medios y de la vida económica, a una flexibilización de la misma. Los argumentos de: acumulación del capital, del valor del trabajo, la lucha de clases y la crisis del modelo neoliberal fueron sepultados por la ineficiencia, la incapacidad y la corrupción. Todo quedó en retóricas y narrativas sin resultados concretos en la mejora de la vida de los ciudadanos. La promesa de la influencia ciudadana en la toma decisiones económicas, el llamado poder popular fue un eslogan de propaganda política para ejercer un control social, sin concretarse en lo mínimo. Comités de planificación ciudadana para proyectos ya decididos de antemano por la élite para perfeccionar el saqueo de las arcas públicas.
Todas las iniciativas convertidas en terreno fecundo para el saqueo y el pillaje, desde las formas colectivas de propiedad de los medios de producción, a través de cooperativas, empresas de control de trabajadores, de producción social, de motores productivos y expropiaciones terminando en sacos rotos, en los cuales se perdieron inmensos recursos sin responsables individuales. Lo que es de todos terminará siendo de nadie, sin culpables por el desastre y el desfalco. La oferta de la lucha contra la desigualdad fue un espejismo, todo el entramado armado sirvió para que la coalición cívico militar, heredera de las gestas de los golpes de los noventa, cobrará con creces sus esfuerzos militares para enriquecerse sin control. La supuesta diversificación de estructuras productivas para evitar crisis financieras, transformada en una dependencia total y absoluta de la renta productiva, dejando a su paso un cementerio de chatarra industrial inservible.
La empresa petrolera secuestrada por el poder político para una distribución justa y equitativa de la misma, en la práctica un campo para el ejercicio de los mayores niveles de corrupción. En PDVSA se diseñó y entrenó un sofisticado mecanismo de saqueo continuado de la industria, en primer lugar por la venta de propiedades de la industria en el extranjero en procesos oscuros, segundo asignándole responsabilidades a la industria alejadas del foco del negocio y tercero por una gerencia teñida de rojo y verde incapaz, negligente y profundamente corrupta, los resultados están a la vista. Los escándalos de hechos de corrupción de la industria ventilados en tribunales de muchos países, similares a la emigración venezolana, obviamente unos gozando de lujos y extravagancias groseras y otros pasando penurias, xenofobias y trabajo en su tránsito para buscar una vida mejor.
Los sistemas fiscales protegiendo a los nuevos ricos y a las grandes riquezas hechas en revolución, en detrimento de la clase trabajadora a quien le toca llevar la carga con salarios que la condenan a la miseria y el hambre. Servicios públicos en las peores condiciones de prestación, los ciudadanos sometidos a cortes de electricidad continuos y permanentes, suministro de agua potable irregular condicionado a condiciones climatológicas y recolección de desechos ajustado a tecnología primitiva. De poco ha servido la renta petrolera y la recaudación de tributos, la gran mayoría de estos recursos absorbidos por una estructura constituida para moler hasta el último centavo dejando bagazo para la mayoría.
Creación de una estructura pública parasitaria, lenta y deformada incapaz de reaccionar de manera oportuna y producir medidas para atender las necesidades de la población. Las promesas de movilidad social, igualdad y desarrollo sostenible son ilusiones borradas por la realidades sociales, políticas y económicas, ante los hechos piden perdón.
Forzados por las circunstancias ocurridas el 03 de enero del presente año, no les queda otra cosa que tragarse su radicalismo y apelar al sentido común para enderezar el rumbo económico. La economía requiere de sensatez y racionalismo, Venezuela necesita con urgencia soluciones prácticas ejecutables y fundamentadas en evidencia. La coyuntura demanda resultados en el corto plazo, evaluando la efectividad de las políticas, análisis costo y beneficio de las mismas, viabilidad política para garantizar continuidad y evaluación permanente para corregir en tiempo real cuando sea necesario, No hay tiempo para perder y mucho menos recursos.
Este pragmatismo exige reformas graduales, verificables y escalares, análisis de impactos, crecimiento con equidad, distribución razonable de los beneficios a los rezagados del modelo radical. Políticas fiscales estabilizadoras, gasto público temporal para financiar a grupos vulnerables. Políticas laborales que incentiven el empleo y la recuperación urgente del poder de compra de los salarios. Inversión destinada a sectores con potencialidades y ventajas comparativas, definir y crear fondos especiales para apuntalar sectores y que el impacto de la mejora llegue a todos las áreas.
El gobierno interino en ejercicio realizará algunas reformas de acuerdos a su capacidad de servidumbre, con toda seguridad no podrá ejecutar la totalidad de las necesarias. La recuperación institucional es fundamental para poder acometer reformas que le den transparencia, credibilidad y estabilidad a las mismas. La reestructuración de la deuda necesita un nuevo marco, para transmitir seguridad a los tenedores y lograr recursos nuevos para financiar proyectos y un programa de estabilización. El desafío fundamental está en vencer la resistencia política y la burocracia ante los cambios que se avecinan. Esa nueva narrativa debe transmitir optimismo, pero también la comprensión del esfuerzo que hay que hacer para salir de este hueco. Catacumbas en las cuales se encuentra el país, por unos desalmados gestores que pretenden lavarse las manos como pilatos, sin asumir las responsabilidades del despilfarro y saqueo. La reconciliación de la nación es necesaria para avanzar, la coyuntura exige la incorporación de todos los venezolanos en un proceso de recuperación, sin impunidad.
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09-02-2026
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