La delegación de la Asamblea Nacional de 2015 en la mesa de diálogo, encabezada por Dinorah Figuera, se reunió con representantes de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles que defienden los derechos humanos para abordar las propuestas sobre las garantías políticas y civiles.
Por la delegación asistieron, además de Figuera, los diputados Desiree Barboza, Elimar Díaz, Juan Miguel Matheus, Jorge Millán, Marco Aurelio Quiñónez, Julio César Moreno y Macario González, el secretario Alfredo Jimeno y el subsecretario Marco Bozo.
Por las organizaciones estuvieron Ali Daniels, de Acceso a la Justicia; Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón; Juan González, de Justicia y Proceso; Julio Morón Pulido, de Civilis; Omar de Dios, de Fundaredes; Oscar Murillo, de Provea; Carlos Correa, de Espacio Público; Vincenza Petraglia, de CEPAZ; Luis Palacios, de Alimenta la Solidaridad; Andreina Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), y Ana Karina García, de la Fundación Juntos Se Puede.
Barboza agradeció el trabajo de las organizaciones independientes y señaló que el objetivo principal es asegurar instituciones autónomas y el respeto pleno a los derechos establecidos en la Constitución.
Figuera, por su parte, destacó el papel de las ONG como apoyo a la ciudadanía. «Las organizaciones no gubernamentales significan el apoyo, el acompañamiento y el abrazo a los civiles en demanda de la defensa de los derechos humanos, la justicia y el camino hacia la reconciliación», dijo.
«Denunciamos que no pueden existir leyes coercitivas que traten de encajonar el derecho constitucional que tienen todas las asociaciones a existir. Mantenemos nuestro compromiso firme de defender sus derechos», señaló.
La presidenta de la AN de 2015 mencionó el deterioro de los derechos fundamentales y de los servicios básicos, con énfasis en la situación de los presos políticos y el colapso del sistema de salud pública. Reafirmó que la delegación continuará en la mesa de diálogo para exigir garantías civiles y políticas que permitan el retorno de la democracia.
Los representantes de las organizaciones plantearon la necesidad de modificar o eliminar leyes represivas, como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que según indicaron limita el desarrollo y ejercicio de sus funciones.
Los defensores de derechos humanos señalaron además la necesidad de crear garantías para el trabajo de estas organizaciones, que contribuyen a que el Estado garantice el Estado de derecho y los derechos humanos.
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16-10-2026
