Por: Angélica Villamizar…
La crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela no se resolverá con más concentración de poder, con medidas improvisadas ni con promesas que nunca llegan. Para mejorar realmente la calidad de vida de los venezolanos hace falta recuperar la democracia y convertirla en instituciones sólidas. La democracia no es un lujo ni un adorno ideológico, es el sistema que garantiza la libertad, la dignidad y el desarrollo humano integral de los ciudadanos. A diferencia de los regímenes autoritarios, distribuye el poder público y obliga a las autoridades a rendir cuentas ante la sociedad.
En un sistema democrático se protegen derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de reunión y el derecho a la libre determinación. Esa protección evita el abuso de poder y el secretismo propio de las dictaduras. Además, aunque las decisiones se rigen por la voluntad de la mayoría, la democracia obliga a escuchar y respetar los derechos de las minorías. Institucionalizar esos principios significa llevarlos de los discursos a leyes claras, tribunales independientes, transparencia y controles reales. Sin instituciones, la democracia queda como una palabra vacía.
Las democracias ofrecen mejores servicios públicos, porque tienen una gestión más eficaz para garantizar bienes esenciales, impulsando una mejor educación, salud pública e infraestructura. Existe una relación directa entre las prácticas democráticas y los altos índices de bienestar e igualdad social. Por eso, si Venezuela quiere salir de la crisis y mejorar la vida de su gente, no puede seguir postergando la reconstrucción de su institucionalidad democrática.
Otro pilar fundamental es el derecho legítimo a influir directamente en el destino del país mediante elecciones libres y transparentes. La alternancia y el contrapeso de poder permiten cambiar a los líderes políticos a través del voto si su gestión es deficiente o corrupta. Esto no es un capricho, es un mecanismo de corrección y una garantía contra la perpetuación en el poder. A ello se suma el control social, que facilita mecanismos legales para que la población pueda exigir, vigilar y fiscalizar las acciones de sus gobernantes.
Para acabar con la crisis política, económica y social, Venezuela necesita reconstruir su democracia y su institucionalidad. Eso implica respetar la Constitución, garantizar elecciones limpias, reconocer la separación de poderes, proteger a quienes piensan distinto y abrir espacios reales de participación ciudadana. Solo así se podrá pasar de la supervivencia diaria a la construcción de un país donde la educación, la salud, el empleo y la seguridad sean derechos, no privilegios.
La democracia y la institucionalización son el camino probado para que los venezolanos recuperen el control de su destino, exijan cuentas y elijan gobernantes que respondan al bien común.
24-09-2026 (186-2026)
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