Momentos de indignación y frustración vivieron familiares y amigos del grupo de 77 personas detenidas que se encuentran desde el pasado 19 de diciembre en el Destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, en Mérida, durante la noche de este 23 de diciembre, los abogados de los detenidos denunciaron el irregular cambio de decisión del Tribunal de Control Número 2, en la que en primer lugar había resuelto liberar a estos presuntos implicados de una red de pornografía por internet y después impidió la salida de estas personas con la medida privativa de libertad.
Esta difícil situación fue denunciada por los abogados encargados del caso, quienes fueron testigos en la audiencia de presentación, efectuada este sábado, del cambio de decisión por el juez, quien revocó la misma medida en menos de 20 minutos. Omar Ávila, uno de los abogados defensores, indicó que tuvieron conocimiento de que el juez a cargo de este caso recibió una llamada tras la primera decisión y cambió la misma.
Agregó Ávila que lo lamentable es que este caso pasaría a la Corte de Apelaciones, la cual disfruta del receso decembrino, y será hasta el 8 de enero de 2018, cuando podría recibir éste asunto, en la reanudación de las actividades judiciales y de allí es que correría el tiempo en tribunales.
Por otro lado, los abogados defensores informaron que dentro de esta misma situación se presentó otro hecho irregular en el acta de la audiencia de presentación, pues en la primera acta se permitía la liberación de las 77 personas, pero en la segunda se observó el cambio de decisión y se utilizaron las firmas de algunos de ellos que habían hecho en un primer momento, lo que consideraron como un fraude judicial.
Un tercer hecho irregular fue el sitio donde se efectuó la audiencia de presentación, la cual se le realizó a unos civiles en zona militar, a pesar de que existe un Circuito Judicial o en su caso, tomando en cuenta el gran número de detenidos, el mismo Colegio de Abogados, donde se han hecho audiencias similares.
“Nosotros como defensores privados, hacemos que se respeten las garantías y derechos constitucionales, que se ajuste todo apegado a la ley, exigimos una claridad y una transparencia total en lo que acá se realizó, en cuanto a la audiencia de aprehensión y flagrancia, en cuanto a las decisiones tomadas. Solicitamos la responsabilidad total y la respuesta contundente en relación a todo lo que se manejó con el debido proceso, respetando siempre los beneficios y las garantías procesales”, exigió Reycar Flores, también abogada del caso de los 77 en Mérida.
Por su parte, Breiner Mercado, otro integrante del grupo de abogados defensores, reiteró su denuncia pública sobre el acto realizado por el Juez del Tribunal de Control Número 2 de Mérida; Carlos Márquez, quien cometió un fraude dentro de la sala de la audiencia al cambiar las actas del proceso.
“En la cual él afirmó la libertad de los 77 jóvenes detenidos y, posteriormente, luego de hacer un receso de veinte minutos, entra a la sala y dice que debe corregir la decisión ya tomada; en virtud, desconocemos, pero suponemos que se debió a unas llamadas y presiones externas, logrando su cometido”.
Por este motivo, en la última decisión se declaró improcedente el recurso de suspensión y recurso de revocación solicitado por la Fiscalía. Por lo tanto, se cambiaron las actas procesales ya firmadas por la mayoría de los abogados y se llevan las firmas tomadas. De manera fraudulenta las inserta con las nuevas actuaciones, donde supuestamente están de acuerdo con la última decisión.
“Esto es algo que, en mi humilde opinión, es violatorio a los derechos constitucionales que amparan a todos los defendidos. Igualmente, es un hecho punible, pues es un documento público que ha forjado, con más de cien testigos, fraudulentamente”, señaló Mercado.
Con esta última decisión, los familiares y amigos manifestaron su dolor e impotencia al ver que sus seres queridos no podrán estar cerca de ellos en estas fiestas de navidad y fin de año, por este lamentable caso que no fue resuelto de una manejar justa ni transparente.
Con gran estupor los familiares denunciaron que los funcionarios de la Guardia Nacional de Venezuela, adscritos al Destacamento 16 en el estado Mérida, han tomado una actitud de desmejora en la moral de los implicados, prohibiéndoles el acercamiento físico, decomisándoles sus teléfonos celulares e impidiendo el acceso a la sede de la GNB, además del veto a los representantes de los medios de comunicación a quienes se les impidió el acceso a los actores principales del caso, coincidiendo todos los familiares que estas medidas de restricción se deben a que mostrarán su única versión que es desprestigiar por las redes sociales al grupo de los 77 sin derecho a réplica ni defensa.
