La crisis humanitaria compleja que enfrentamos en Venezuela, ha dejado en sus habitantes un balance negativo en términos de derechos humanos, que se manifiesta en la merma en su salud, escasez, hambre, precariedad de los servicios, migración y desesperanza.
Ante esta situación, quienes habitamos en los andes venezolanos; hemos sentido un impacto diferenciado al resto del país, debido a las características geográficas, a las cualidades de sus habitantes y a la cercanía con la frontera colombiana; entre otros elementos; el cual afecta especialmente a las personas mas vulnerables como son las mujeres, los niños y las niñas, los adolescentes, las personas con diversidad funcional y los adultos mayores; por su condición y situación de desigualdad y discriminación; lo que conlleva un progresivo y sistemático retroceso en el ejercicio, garantía y protección de nuestros derechos humanos.
Dentro de este grupo de personas, se observa un fuerte deterioro de la calidad de vida de las mujeres, quienes han visto disminuidos sus salarios y oportunidades laborales, viéndose obligadas a emigrar y a enfrentarse a permanentes riesgos, entre los que sobresalen por la gravedad de sus efectos; los delitos de trata, tráfico, y esclavitud sexual, prostitución forzada, violaciones, embarazos no deseados, ofertas fraudulentas de trabajo con ingresos en divisas; estando mas expuestas las mujeres que oscilan entre los 14 y 25 años. Estos hechos vienen siendo documentados por organizaciones no gubernamentales, quienes han detectado que en su mayoría no son denunciados por desconfianza en la administración de justicia, ausencia de garantías a la seguridad de las víctimas y la naturalización de la violencia entre otras causas.
En los municipios fronterizos con Colombia el impacto ha sido mayor; presentándose un aumento considerable de los casos de violencia de género y un mayor índice de femicidios; así como el desmantelamiento de redes de trata de personas como una muestra del alto índice de delitos y violencia sistemática ocurridos regularmente en la frontera.
En este contexto, los niños, niñas y adolescentes también se han visto afectados por el abandono de sus padres migrantes, quienes los dejan al cuidado de familiares; generándose un alto índice de deserción escolar y la recarga de responsabilidades entre los cuidadores; así como un aumento de casos de desnutrición por falta de alimentos que compromete su salud y su rendimiento escolar, y problemas depresivos y de adaptación.
Otro de los derechos severamente afectados, es el derecho a la alimentación, debido a la escasez y a la hiperinflación; que mantiene a las amas de casa en diarios recorridos y largas filas en los expendios de alimentos, buscando precios accesibles, incluso dejando de comer para que los niños y niñas puedan alimentarse.
El derecho a la salud presenta una sostenida y alarmante regresión, manifestada en la falta de insumos elementales en los centros de salud; como el agua, el jabón y el cloro; pasando por tener que adquirir los kits necesarios para las cirugías, la alta demanda de pacientes frente al escaso personal médico y paramédico, que deben esperar en listas interminables para ser intervenidos y costear todo su tratamiento; o el tener que salir del país para sobrevivir con algo de suerte; como sucede con las mujeres que presentan cáncer de mama u ovario; que son los mas comunes; quienes deben trasladarse a Cúcuta o a otros países con ayuda de familiares, para ser tratadas.
En relación al derecho a la educación, como en el resto del país, las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades presentan una significativa disminución de alumnos, docentes, personal administrativo y obrero; quienes se han sumado al éxodo para subsistir; ocasionado entre otras causas por el insuficiente y tardío suministro de presupuesto, la interrupción de los servicios de comedor, transporte, dotación de uniformes y útiles escolares, la falta de material de oficina e insumos de laboratorio, etc.
La ineficiente prestación de servicios básicos suma a la violación de derechos humanos; como los cortes continuos y sin planificación de la electricidad y el agua, o la fallas en la distribución de gas doméstico, gasolina, o en las comunicaciones como el internet, la televisión por cable, la telefonía móvil; la movilización y el transporte público.
Sin embargo, los andinos no nos rendimos; la ciudadanía continúa exigiendo sus derechos y la sociedad civil sigue articulándose con organizaciones e instituciones que les permita mantener la incidencia y la esperanza en el cambio político, social y económico que permita el restablecimiento del sistema democrático y la reconstrucción y dirección del país hacia la paz, el bienestar y el progreso que todos aspiramos.
Yolima Arellano
Coordinadora Observatorio Venezolano de los ddhh de las mujeres núcleo andino.
