El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Desde ese momento, cada año se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
El término homofobia y bifobia hace referencia al rechazo hacia la homosexualidad y la bisexualidad, respectivamente. Mientras que la transfobia es la fobia, miedo, así como a las conductas y actitudes negativas hacia las personas transgénero o transexuales.
A pesar de los avances que se han dado en el mundo sobre el tema, Venezuela está rezagada en cuanto a la lucha por los derechos LGBTIQ. De hecho, falta mucho camino por recorrer para lograr que las personas de la comunidad obtengan derechos. Lo afirma Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional, abogada y copresidenta de Gay and Lesbian International Sport Association.
Para Adrián, en Venezuela hay un Estado que no vela por los derechos de la comunidad y que ha impedido que en el país se hablen temas del siglo XXI. Explica que, aunque las sociedades pueden influir en estos avances, es el Estado el que debe impulsar tres ejes fundamentales: educación, políticas públicas y leyes.
“Es deber de los Estados romper los prejuicios. Esto se hace mediante la educación, políticas públicas y leyes. Educar para la igualdad. Los cambios sociales nunca ocurren espontáneamente. La historia demuestra que el cambio, cuando el Estado no interviene, se da hacia la destructuralización social. Los sociólogos han estudiado que si no hay parámetros dados por la autoridad, la tendencia es a la degradación social”, dice.
Organizaciones internacionales como la ONU han promovido el respeto y el cumplimiento de los derechos de las personas LGBTIQ. “En Venezuela, la dictadura nos ha impedido hablar de los temas del siglo XXI. Dentro de esos temas, que están por ejemplo en la agenda de la ONU, está que nadie sea dejado atrás por un obstáculo de tipo social, legal, cultural, educativo o de cualquier otra naturaleza, que impida que una persona culmine su libre potencialidad”.
Tiene claro que los Estados tienen que tomar la iniciativa y la sociedad lo que hace es acompañar estos cambios. Cuenta que en el oficialismo hace falta voluntad para abordar el tema de manera correcta. “Yo he relatado que he tenido reuniones con miembros del oficialismo que me han dicho que necesitan millones de personas en la calle exigiendo derechos para que ellos hablen de esos derechos. Eso es prácticamente una manera de decir que no quieren hacer nada. Si no existe educación, si no existen políticas públicas; es imposible que esa demanda se genere en las calles”.
En Venezuela se habían logrado algunos avances. Hasta 1999, las personas trans podían cambiar su identidad. Cumpliendo una serie de requisitos, pero era posible. Adrián indica que en 2008 se trató que la Asamblea Nacional reconociera el cambio de nombre y sexo -hubiese sido el primer país del mundo en hacerlo-. “Pero entre burlas de muy mal gusto la Comisión de Mujer, Familia y Juventud despachó esa reforma y dejó el cambio de nombre, mas no de sexo para las personas trans”, recuerda la diputada.
Además, sostiene que el Consejo Nacional Electoral no ha permitido que se aplique esa reforma. De acuerdo con la activista, eso es una demostración de que los derechos de las personas LGBTIQ prácticamente no existen en el país. Pone como ejemplo el matrimonio igualitario, que ha sido aprobado en diversos países. También señala que “la transfobia de la dictadura no tiene fronteras”.
“No existen los derechos de la comunidad en Venezuela. Una de las cosas que hace la dictadura es usar la propaganda. Pero hoy hablaba con una persona en Argentina que me demostró que la dictadura transporta transfobia. En Argentina se puede cambiar el nombre y el sexo en el documento interno, cuando en su país no se puede. Entonces, el registro le pide a la Cancillería de Venezuela que certifique que en Venezuela no hay cambio de nombre y sexo; la Cancillería le respondió que en Venezuela sí se puede y que esa persona no lo hizo porque no quiso. Eso es una demostración de maldad”, asegura.
De igual manera, puntualiza que las aspiraciones de la comunidad es tener acceso a derechos básicos y que en realidad, más allá de las luchas sociales, se trata de devolver a la comunidad la dignidad.
“El tener un trabajo digno, acceso a la educación, a la vivienda; tener una pasaporte y una cédula que los identifique es indispensable. Es una medida de dignidad. En el caso de las parejas gay, tener derechos significa lo que para cualquier otra pareja es tener derechos. Por ejemplo, si muere uno de ellos tienen derecho legal, si se separan hay que repartir los bienes, que si uno está enfermo el otro pueda tomar derechos sobre su cónyuge. Por eso, cuando dicen que no tienen que tener derechos, es el triunfo de los prejuicios”.
Cifras de la comunidad
Al igual que con otros temas sociales, no existen cifras oficiales sobre la comunidad. La mayoría de países realizan censos para conocer cuántas personas conforman el colectivo, pero en Venezuela se desconoce esa información. Sin embargo, organizaciones y activistas como Adrián tratan de poner siempre el tema en agenda. En el año 2019 escribió el libro Para dejar de ser fantasma.
Uno de los capítulos describe cómo perciben las personas de la comunidad que están en el extranjero la discriminación, en comparación con lo que vivían en Venezuela. En promedio, desde el punto de vista perceptivo, la discriminación se reduce entre 80% y 90%. Es decir, se sienten más seguros en los países a los que emigraron porque existe un Estado que vela por sus derechos.
Tamara Adrián es un ejemplo de que no es fácil ser trans en Venezuela. Aunque su transición la hizo en el país y logró convertirse en la primera mujer trans diputada y la segunda en toda América, reconoce que es un camino lleno de dificultades. “Sin duda es difícil ser parte de la comunidad LGBTIQ en Venezuela. A pesar de que no hay un cielo y una tierra ideal para las personas de la comunidad. Sin embargo, hay países que son mucho más tolerantes, por ejemplo España o Estados Unidos”.
Similar es la postura de Daniel Picado, licenciado en Salud Pública, activista de los derechos humanos y director de la fundación Tu País Plural. Para Picado, la sociedad no es la responsable de que haya un atraso en lo que describe como la conquista de los derechos de la comunidad. Por ello, ve la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia como una oportunidad para visibilizar las principales necesidades del colectivo.
“La importancia de este día es visibilizar, por ejemplo, que en Venezuela siguen los crímenes de odio contra las personas de la comunidad. Seguimos viendo como personas de la comunidad son violentadas, agredidas o abusadas hasta sexualmente y no hay respuesta. Y si insistes en buscar en las instituciones, caes en la revictimización”, sostiene.
Considera que la responsabilidad no solo recae en el oficialismo. Pues, dice, la Asamblea Nacional de 2015 no realizó mayores esfuerzos para impulsar los temas de las personas gay, bi o trans. “Desde 2015 se han promovido diferentes propuestas de ley para reconocer ciertos derechos de la comunidad, pero se ha hecho caso omiso. No solamente por parte del oficialismo, sino también del lado de la oposición, en la Asamblea Nacional de 2015 hay una responsabilidad por no avanzar en los derechos de la comunidad”.
Es decir, no solamente se trata de un tema de lucha social: también hace falta voluntad política. Tampoco, asegura, se puede quedar en velar por el cumplimiento de los derechos, sino que también es necesario revisar y mejorar las condiciones de vida de los miembros de la comunidad. “Se trata de salud, por ejemplo. Las personas de la comunidad con VIH en Venezuela dependen de organizaciones internacionales. Hasta cuándo el Estado va a ignorar sus responsabilidades”.
El activista de derechos humanos detalla que durante la pandemia los miedos de la comunidad han aumentado. Tu País Plural realizó una encuesta, que reveló que la mayoría de las preocupaciones tienen que ver con derechos básicos como tener un trabajo, alimentarse o ser aceptado por su familia.
En el caso del ámbito laboral, el temor se debe a que las empresas se basan en los códigos de ética para considerar que una persona gay o bi no puede ser parte de su equipo. La situación empeora para las personas trans, que tienen menos oportunidades de trabajo, lo que los lleva a dedicarse a profesiones estigamitzadas como la peluquería o la prostitución.
De acuerdo con la encuesta, 42 % de las personas tiene miedo al rechazo de su familia. “El hecho de que en el lugar en el que deberías sentirte seguro, no te acepten, es la mayor vulnerabilidad que una persona de la comunidad pueda sentir”.
El estudio también demuestra que solo 69% de los encuestados se identifica con la comunidad. El otro 29% no se siente identificado o no sabe si se siente identificado. Esto, atribuye Picado, se debe a que asumir ser parte de la comunidad trae consigo muchas consecuencias. “Es difícil. Estamos en un país en el que se nos ve como pecadores, porque los ciudadanos son católicos, y en el que nos ven como si tuviéramos algún tipo de trastorno mental y como algo disminuido y lejano. Que te separen de tu dignidad e integridad, es muy difícil”.
Pero en medio de la situación, el director de Tu País Plural es optimista: espera que las condiciones mejoren y entiende que es responsabilidad de la comunidad construir algo mejor para la generación que viene. “Que no pasen por las dificultades que vivió la generación actual. A mí me botaron de mi casa cuando dije que era gay, no quiero que nadie más pase por eso”.
También dice que las aspiraciones de su organización es visibilizar todo estos problemas para buscar una solución. Y que en el corto plazo, las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad puedan ser parte de las decisiones que influyen en la vida de sus miembros.
