La violencia contra la infancia constituye una de las crisis más graves y persistentes a nivel mundial: Los niños y niñas, por su condición de vulnerabilidad y dependencia, se ven expuestos a múltiples formas de agresión que afectan su desarrollo integral, su salud física y mental, y su futuro como miembros plenos de la sociedad.
Cada 4 de junio se conmemora el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982 como respuesta a la consternación internacional causada por el sufrimiento de niños palestinos y libaneses durante los conflictos armados en Medio Oriente. Esta jornada no solo recuerda hechos históricos, sino que busca visibilizar y denunciar la violencia que, hasta hoy, sigue afectando a millones de niños en todo el mundo.
Los niños y niñas son, sin duda, los miembros más indefensos de la sociedad sobre todo en contextos de guerra y violencia, sufren reclutamiento forzado, homicidio, violencia sexual, secuestro, desplazamiento, ataques a escuelas y hospitales, y la negación de ayuda humanitaria. Como señala la ONU, “los niños son los más perjudicados en este tipo de conflictos al ser víctimas del reclutamiento como soldados, del homicidio, de la violencia sexual y del secuestro”.
Más de la mitad de los niños de entre dos y diecisiete años —más de mil millones en todo el mundo— sufren algún tipo de violencia cada año, ya sea física, psicológica, sexual o a través de la negligencia y el abandono. Además de ello la violencia puede ocurrir en el hogar, la escuela, la comunidad o incluso en entornos digitales, y abarca desde el castigo físico y el acoso escolar hasta el abuso sexual y la explotación laboral.
En el caso de Venezuela, la problemática de los niños inocentes víctimas de agresión se manifiesta de manera alarmante y multifacética, afectando gravemente la integridad, el desarrollo y la vida de niños, niñas y adolescentes. La violencia contra la infancia en Venezuela es estructural y se encuentra agravada por factores como la negligencia de cuidadores, la falta de políticas públicas efectivas y la crisis social y económica.
En este sentido los datos de Cecodap y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) muestran que el 91,6% de los casos reportados en prensa identifican a niños y adolescentes como víctimas, mientras que solo el 9,4% los señala como victimarios. Además, la violencia intrafamiliar es significativa: 24 niños y niñas murieron a manos de familiares tras ser víctimas de tratos crueles e inhumanos, siendo la mayoría de los victimarios madres, padres o padrastros.
Aunque Venezuela cuenta con instrumentos legales, que establece la coordinación estatal para desarrollar políticas de prevención y protección, la realidad muestra una brecha significativa entre la normativa y su aplicación efectiva.
En este sentido los informes de organizaciones civiles coinciden en que no existen políticas públicas integrales para prevenir y abordar la violencia en sus múltiples formas, ni servicios accesibles y especializados para la atención y protección de las víctimas.
Por tanto, en nuestro país es un fenómeno que trasciende lo individual y familiar, y responde a causas estructurales vinculadas a la crisis institucional, económica y social. La ausencia de políticas de prevención, la naturalización de la violencia y la falta de acceso a servicios de protección y justicia profundizan la vulnerabilidad de los Niños, Niñas y adolescentes.
En nuestro estado Mérida por ejemplo, la problemática de los niños inocentes víctimas de agresión presenta características preocupantes y complejas, aunque con ciertas tendencias recientes a la disminución en algunos tipos de violencia interpersonal. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV Mérida), durante el primer semestre de 2023 se registraron 70 delitos de violencia interpersonal que afectaron a 89 víctimas en la entidad, cifra inferior a años anteriores, lo que indica una disminución relativa de estos delitos.
Sin embargo, esta aparente mejora convive con un aumento significativo de la violencia autoinfligida, especialmente suicidios y tentativas de suicidio entre niños, niñas y adolescentes (NNA), con al menos 8 suicidios registrados en 2023, la cifra más alta desde 2020.
Desde la perspectiva de género y edad, los datos revelan que las niñas son las más afectadas por los delitos, representando el 70% de las víctimas, mientras que los niños y adolescentes también sufren agresiones en proporciones importantes.
Esta terrible situación demanda mayor atención, fortalecimiento de políticas públicas, programas de prevención y apoyo psicosocial para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia.
Redacción C.C.
04-06-2025
