Por: Germán Rodríguez Bustamante…
El rey Salomón, quien según el relato bíblico fue un hombre muy rico, mencionó algunos problemas que deben afrontar los amantes del dinero: la abundancia que pertenece al rico no le permite dormir, el que ama la plata nunca estará satisfecho con plata y el que se apresura a ganar riqueza no permanecerá inocente. En conclusión, la inseguridad, la desconfianza y la tentación de violar la ley son engaños y atajos que envilecen la actuación de los seres humanos por el amor al dinero. Estas miserias humanas afloraron en estos años de revolución, derivadas de una endeble institucionalidad que facilitó el saqueo de los fondos públicos, los cuales fueron a parar en manos de unos pocos.
El manejo del dinero público en estos tiempos que corren, tan proclives a los déficits y a las defraudaciones, a los gastos no siempre acertados y a las presiones fiscales agobiantes sólo para algunos ciudadanos, requiere de esfuerzos para el manejo eficiente de los ingresos, su gestión, así como su erogación. Para que esto ocurra, el presupuesto público debe ser una herramienta fundamental para el control de gestión de los gobiernos, ya que implica decisiones en torno a incontables asuntos que afectan la vida de los ciudadanos. Mediante el seguimiento del presupuesto durante la totalidad del proceso de su ejecución, los grupos de la sociedad civil pueden exigir a los funcionarios públicos rendición de cuentas, para determinar si los recursos públicos se están gastando debidamente.
Lamentablemente en Venezuela no existe correspondencia entre la ley de presupuesto y la ejecución del mismo, los presupuestos públicos son aprobados con variables alejadas de su comportamiento real, se realizan subestimaciones de ingresos y gastos, en consecuencia las corruptelas en la ejecución producto de la gestión discrecional de los dineros públicos son evidentes. La fragilidad institucional para controlar la ejecución de los recursos facilita el despilfarro, la malversación y en conclusión la improductividad de los recursos presupuestarios asignados para obras específicas. La Asamblea Nacional intenta controlar al Ejecutivo, sin embargo las instituciones que deben colaborar para la determinación de responsabilidades actúan como cómplices de los actores involucrados en corruptelas. La Contraloría General, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo renuncian a sus responsabilidades, contribuyendo al estado total de impunidad que promueve las actuaciones deshonestas de funcionarios públicos y la sociedad civil no encuentra espacios para realizar una labor de control como ocurre en sociedades modernas.
Casos como: el Plan Bolívar 2000, en el cual para intentar recuperar la infraestructura del país se le entregó a los jefes militares recursos presupuestarios y financieros, recursos que fueron manejados en cuentas personales sin que existiera control previo o posterior los cuales fueron dilapidados sin que existan responsables; la nacionalización de empresas vía compra de acciones en el mercado de capitales, permitió que funcionarios con información privilegiada tomara posiciones especulativas, generando pérdidas a la nación y ganancias personales a los burócratas, casos CANTV y Electricidad de Caracas; las expropiaciones empresariales, realizadas para combatir la plusvalía capitalista en la práctica se convirtieron en robos de burócratas, destruyendo las capacidades instaladas, convirtiendo las empresas en chatarras industriales y en cargas financieras para el presupuesto público; las alcabalas administrativas derivadas de los controles diseñadas para evitar la corrupción se convirtieron en eslabones de un entramado delictivo, muy bien aceitado para que los trámites fluyeran; el control cambiario produjo las empresas de maletín que de acuerdo con voceros del régimen se apropiaron de cerca de 25 mil millones de dólares únicamente en el año 2012, algunos estudios privados estiman que por esta modalidad pudieron perderse cerca de 150 mil millones de dólares en los últimos 11 años; el manejo de fondos paralelos, desde el cuento del millardito o las reservas internacionales excedentarias se constituyeron fondos, los cuales fueron manejados con absoluta discrecionalidad, conocidos son los casos del Bandes, Fondem y Fondo Chino… todos estos son ejemplos de la fragilidad institucional para que la apropiación de recursos públicos se mantenga.
Desde las denuncias del banco HSBC en Suiza, los bancos de Andorra, los gestores petroleros, los Papeles de Panamá, el banco en Guatemala, etc., evidencia cómo los dineros de todos los venezolanos, cuyo destino era generar el desarrollo del país y el bienestar colectivo, fueron a engrosar cuentas personales de unos pocos y lo más triste de esta historia es que muchos de los delitos cometidos contra el tesoro público quedarán impunes, sin responsables. Este gobierno, de forma intencional, consiente la existencia de deficientes sistemas de gestión financiera que debilitan la calidad de las erogaciones y la administración de los flujos de recursos.
ULA – FACES
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