Durante la madrugada de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, un grupo de trabajadores tomó las instalaciones del Departamento de Transporte de la Universidad de los Andes (ULA), ubicado en Campo de Oro, paralizando el servicio de transporte estudiantil.
El dirigente obrero Guillermo Quintero, del Movimiento Conciencia y Acción Obrera, explicó que su acción se fundamenta en la necesidad de solventar un problema pendiente, los seguros de los vehículos que transportan a la comunidad universitaria. Quintero negó que la acción se realizara de manera violenta o encapuchada, afirmando que buscan proteger tanto a los choferes como a los estudiantes, ya que, según su argumento, en caso de un accidente, la responsabilidad recaería indebidamente sobre el conductor. «No es que queramos paralizar, lo que queremos es que se solucione el problema de los seguros de estos autobuses», expresó.
Mediante un comunicado, la Federación de Centros Universitarios (FCU) calificó los hechos como un «secuestro del transporte estudiantil» y un acto vandálico. Denunciaron que la unidad 228, con destino a Lagunillas, fue interceptada y utilizada para bloquear el acceso, clausurando ilegalmente las instalaciones. Responsabilizaron de los hechos a Manuel Aranguren y su equipo de OFISEULA, acusándolos de «incapacidad técnica y política». La FCU exige la liberación inmediata de las instalaciones y el restablecimiento del servicio, afirmando que «el transporte es una conquista estudiantil» y no aceptarán que sea utilizado como «ficha de canje».
Por su parte, la Dirección de Servicios Generales de la ULA, a cargo de Omar José Marín Álvarez, emitió un comunicado repudiando «los hechos irregulares». Detalló que entre las 4:40 y las 5:00 a.m., un grupo identificado como trabajadores realizó una «toma forzosa», impidiendo la salida de una unidad, despojando del vehículo al conductor Rafael Aguilar y coaccionando al personal de vigilancia. Confirmó la suspensión del servicio para las primeras rutas de la mañana, lamentando que acciones individuales afecten la movilidad de estudiantes, docentes y personal. La Dirección no avala estas medidas de hecho y anunció gestiones ante las autoridades correspondientes para restablecer el orden y determinar responsabilidades administrativas y legales, haciendo un llamado al diálogo.
Las autoridades universitarias, la representación estudiantil y los trabajadores involucrados mantienen posturas enfrentadas sobre la naturaleza y los motivos de la ocupación, mientras se buscan vías para una solución que permita reanudar las actividades de transporte de la comunidad universitaria.
Redacción C.C.
09-02-2026
