Por: Germán Rodríguez Bustamante…
La reciente Ley Orgánica de Extensión y Dominio aprobada en primera discusión por la asamblea nacional vigente, es una prueba fehaciente de la ausencia de la Contraloría General de la República, para ejercer las competencias que por Constitución tiene. Supuestamente el instrumento contribuirá al ejercicio legislativo del Estado con los poderes públicos. Para ello se nombrará jueces especiales convocados para la batalla, servidores públicos y policías de investigación que tendrán el alto honor de luchar contra la corrupción. La propuesta es una respuesta tímida a un flagelo que corroe toda la estructura de gestión, desde el mismo momento en que la revolución tomo el poder en el país.
De acuerdo a su portal web la Contraloría General de la República tiene como misión: ser el órgano constitucionalmente autónomo, integrante del Poder Ciudadano y rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, al servicio del Estado y del pueblo venezolano para velar por la buena gestión y el correcto uso del patrimonio público. Y como visión: ser reconocida como la institución pública de más alto desempeño ético y profesional, que goce de la confianza, credibilidad y apoyo del pueblo venezolano, por la efectividad y transparencia de sus acciones en la salvaguarda del patrimonio público y en el combate a la corrupción.
De acuerdo a estos valores superiores el contralor incumplió con su trabajo, estando alejado de su misión y visión. No es necesario aprobar una ley orgánica cuando existe tanto normas, reglamentos e instituciones creadas por la constitución que deberían hacer su labor con apego a la ley y con total autonomía. Lamentablemente el ente contralor se ha convertido en un órgano, para perseguir opositores y no como una institución pública de alto desempeño ético y profesional. Montones de denuncias se han consignado por diferentes gobernadores, alcaldes y organizaciones de la sociedad, en la cuales existían suficientes evidencias para realizar investigaciones preliminares. Sin embargo, todas se encuentran engavetadas y los denunciados disfrutando del patrimonio público saqueado y robado.
En cada momento que ocurre un escándalo de corrupción, de abuso de poder o de violación de derechos humanos, el ente legislativo sale al paso aprobando leyes redundantes, maquilladas y politizadas. La ley antibloqueo le otorgo al ejecutivo la calificación de la información como reservada, confidencial o de divulgación limitada. Pues esto no sirvió para nada, el tamaño de la rapiña lo obligó a divulgar parte del sainete montado. En realidad, el bloqueo es muy poco y el saqueo es inmenso, era preferible aprobar una ley anti-saqueó. La práctica derivo en un robo que mantuvo su ritmo demoledor, sin que los ciudadanos puedan exigir la transparencia y la rendición de cuentas por las decisiones que afecten el patrimonio nacional, bajo el manto de la reserva de la información.
No es de extrañar que la ley recientemente aprobada en primera discusión sean un instrumento para proteger a Maduro y su banda, y no para resguardar a los ciudadanos y al patrimonio nacional. Un blindaje jurídico para sostener el poder, pero muy poco valdrá para mejorar las condiciones de genocidio impuestas, que ha derivado en una sostenida ola migratoria de venezolanos que huyen desesperados. No hay reportes, ni listados que muestren los montos supuestamente recuperados, los bienes incautados, los procesos para subastarlo y que uso se les dará a lo recuperado. Nuevamente la opacidad y la oscuridad lo cubre todo, sería importante para los ciudadanos conocer el destino de las llaves de los vehículos de alta gama, yates y aviones. Mucho despliegue policial y judicial para enviar mensajes ejemplarizantes, que obliguen a la fidelidad extrema a la revolución, sobre todo en un marco de incertidumbre de todo tipo.
La destrucción institucional realizada muestra sus profundos surcos, el contralor desaparecido como el piloto del avión. Obviamente todo este despliegue no mejorará en nada, la percepción de riesgo financiero del país, el acceso a fuentes de financiamiento confiables y en condiciones ventajosas dependerá de la calidad institucional. Los inversionistas exigen condiciones para invertir y los derechos humanos exigen el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la comisión especial de la ONU, sobre esa materia. Es posible un acuerdo tras bastidores con representantes internacionales, canalizados por la administración Biden, sin embargo, hay beneplácitos por cumplir, la caída del turco puede ser parte de lo convenido. Lo cierto es que la situación económica empeora cada día más, inflación controlada anclada sobre tasa de cambio artificialmente baja, pero la miseria y la pobreza arrasa a la clase trabajadora pública. Quienes dependen de salarios de indigentes, mientras el contralor goza de muy poca credibilidad, confianza y apoyo del pueblo. Se convirtió en un actor que disfruta de los placeres, bacanales y extravagancias de los denunciados caídos en desgracia momentánea.
Es muy difícil creer en la buena voluntad de los legisladores con la aprobación de la ley oorgánica de extensión y dominio, y mucho menos con las investigaciones y procedimientos policiales y judiciales, mostrados como guiones de películas de acción. Todo parece un show para recrear a un soberano sediento de espectáculos, ya que los que presentan en la Venezuela paralela, son inalcanzables para la gran mayoría. Las extravagancias, lujos, blanqueo y libretos llego a todos los niveles son públicos y notorios. Las redes sociales están inundadas de los mismos, sin el menor pudor y recato se exhiben y el contralor disfrutando, mirando para otro lado.
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10-04-2023
