Jeancarlos Rivas introdujo el pasado 9 de marzo su solicitud de sobreseimiento vía Ley de Amnistía ante el Tribunal tercero especial de Juicio con competencia en terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Romero. Le dijeron que tendrían respuestas en 15 días.
Sin embargo, tuvo que esperar hasta el 6 de abril para conocer que le fue negada esta medida. «A todos los que estamos en esa causa nos la negaron, entre ellos el periodista Gabriel González, y no solo eso, sino que ese día no nos quisieron dar copia del oficio».
La aplicación «selectiva, limitada y discrecional» de la Ley de Amnistía, que cumple dos meses de su aprobación en la Asamblea Nacional, ha dejado fuera de su ámbito de protección a «numerosas personas» que podrían beneficiarse tomando en cuenta su objeto y finalidad, ha señalado la organización de derechos humanos Defiende Venezuela.
«Esta situación no solo compromete el derecho a la libertad personal, sino que también afecta los principios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica… La reiterada negativa del Estado venezolano a aplicar la Ley de Amnistía pone en entredicho su efectividad real como mecanismo de reconciliación», destaca la ONG en su último informe, que dedica un apartado a esta ley, aprobada el pasado 19 de febrero.
Más allá del texto, puntualiza Defiende Venezuela, «los hechos evidencian una implementación condicionada por criterios políticos, lo que limita su alcance y profundiza la desconfianza en las instituciones de justicia».
Entre el 17 de marzo y el 11 de abril, 771 personas fueron beneficiadas con el sobreseimiento de sus causas vía amnistía, según dijo Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial parlamentaria de seguimiento a la ley. Es decir, una variación del 10,17% con respecto al último reporte dado por el diputado.
Al menos una decena de familiares han comentado que, en el caso de personas acusadas de presunto terrorismo, existe una orden no escrita de que continúen tras las rejas. También se ha negado el beneficio a detenidos con graves condiciones de salud.
La ONG puso como ejemplo la negativa del beneficio a la exdiputada Ligia Delfín, quien había sido detenida en 2014. Su causa ha estado paralizada por 12 años y el tribunal fundamentó su decisión en que el delito imputado (homicidio intencional en grado de tentativa) estaría excluido de la amnistía.
El abogado de Delfín, Ezequiel Monsalve, ha señalado a la ONG que la norma «no establece exclusiones respecto de tipos penales en grado de tentativa, lo que plantea dudas sobre la legalidad y coherencia de dicha interpretación judicial, en especial el principio de interpretación favorable, regulado en el artículo 5 de la propia ley».
También existen contradicciones sobre los bienes de los amnistiados: los exdiputados Américo de Grazia y Williams Dávila siguen esperando la devolución de casas, carros o empresas. La activista Martha Lía Grajales denunció que el Ministerio Público se niega a devolver su teléfono y pasaporte bajo el argumento de que las experticias aún no terminan.
Además, recientemente se conoció la negativa de amnistía a la adolescente Samantha Hernández, vinculada al caso Plaza Venezuela. A más de 50 detenidos por esta causa se les negó el beneficio. Una situación similar pasa Juan Nahir Zambrano, un joven autista detenido en 2022 y excarcelado el 8 de marzo de este año. Aunque se ha presentado cada 15 días ante tribunales para el juicio que se le sigue, las audiencias han sido diferidas.
El también estudiante de Comunicación Social fue señalado por la Fiscalía de participar en un plan para atacar la Jefatura Civil de Maiquetía durante una visita del entonces candidato presidencial, Edmundo González, y lo imputaron con los presuntos delitos de incitación al odio y asociación para delinquir.
En el Helicoide pasó un año y dos meses, cuando fue trasladado a la cárcel de Yare II. En ese recinto estuvo hasta su excarcelación el pasado 8 de febrero bajo presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.
«Al final del día vive uno en una incertidumbre constante. Primero trasladarse a tribunales a cada rato, después niegan la amnistía. Es una incertidumbre no solo para nosotros, sino para toda la familia que vivió con uno este proceso», afirma Rivas.
También, señala, entra en juego la cantidad de dinero que deben disponer los excarcelados por motivos políticos para trasladarse hasta Caracas a presentarse o realizar cualquier trámite en tribunales. «Yo tengo la dicha de vivir en Vargas, que está a 30-40 minutos, pero igual se me hace costoso porque no tengo carro, vengo de una familia de clase media, apenas soy estudiante. Subir todas las semanas a Caracas a darle vueltas al tribunal para ver si me dan la amnistía es un temazo».
Dice que ha conocido gente de los estados orientales, del Zulia, Táchira o Bolívar y «se les hace costoso. Yo me solidarizo con esas personas. Al final es vivir en incertidumbre, en zozobra, y te limita mucho tus situaciones y actividades cotidianas».
Desde su excarcelación, Rivas no ha tenido ninguna noticia sobre el juicio. «Nosotros llegamos a la audiencia preliminar, se nos asignó un tribunal para el juicio pero no avanzó. Queremos que el proceso avance para que se nos sea otorgada la libertad plena de una vez».
Esta semana, tras recibir el oficio con la negativa, lo envió a algunos diputados que integran la comisión parlamentaria de seguimiento a la amnistía, con quienes espera reunirse. «Queremos explicarles el caso y que ellos, como promotores de esta ley, nos explique por qué se me niega a mí esta amnistía. Los delitos que se me imputan, del cual no cometí ninguno, todos van en el marco de la Ley. Entonces que revisen el caso, nos den recomendaciones, nos digan qué debemos hacer, que nos expliquen por qué se me negó la amnistía y nos den una solución».
19-04-2026
